El equipo legal del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández exigió este martes el cierre definitivo del caso que mantiene al imputado cumpliendo 18 meses de prisión preventiva desde el pasado mes de abril por su vinculación a la red de corrupción administrativa.
En ese sentido, los abogados consideraron que se trata de un absurdo jurídico que desacredita el proceso judicial, ya que supuestamente a su defendido no le han revisado la medida de coerción.
“La gravedad de la conducta que pone de manifiesto este hecho, así como la magnitud del absurdo jurídico que representa, desacreditan totalmente el proceso en el caso que nos ocupa. Esto es razón suficiente, no ya para el cese inmediato de la prisión preventiva que iniustamente pesa sobre José Ramón Peralta Fernández, sino para el cierre total del proceso en su contra”, expresa.
Puedes leer: Solo falta José Ramón Peralta para que todos imputados caso Calamar estén en sus casas
Dicen Ministerio Público ocultó información
Enfatizaron que el Ministerio Público “ocultó deliberadamente información” vital para la transparencia del proceso judicial.
Asegura que en el caso contra Peralta Fernández fue utilizado un interrogatorio con la finalidad de involucrarlo en un expediente con el que no guarda relación alguna.
“Las declaraciones dadas por el delator Bolívar Ventura en diciembre de 2022, en base a las cuales está preso José Ramón Peralta Fernández, son totalmente contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio, ante los mismos fiscales, casi 13 meses antes”, sostiene.
Sobre el caso Calamar
El exministro, uno de los más importante en los gobiernos del expresidente Danilo Medina, cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, la cual le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril por su vinculación a la red de corrupción administrativa.
El expediente de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
