La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como preocupante el estado de la seguridad ciudadana dominicana que evidencian los hechos delictivos que constantemente arropan los medios de comunicación, las redes sociales y el sentir social en las calles, lo que obliga a encauzar la atención pública en una reforma integral del sistema penitenciario.
Para FINJUS, el sistema penitenciario amerita la intervención urgente del Estado y de las instituciones que interactúan en el mismo.
“Precisamente de las investigaciones de diversos crímenes y delitos ha resultado un factor alarmante respecto de la participación activa de privados de libertad en la comisión de estos hechos antijurídicos; esto, sin lugar a dudas, emite una alerta ineludible de las gravísimas falencias que trastocan los centros de reclusión de nuestro país”, indica la institución, en un documento firmado por el vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Indicó que para nadie es un secreto que, a lo interno de las cárceles, por la complejidad y multiplicidad de factores que coexisten, emergen una serie de importantes debilidades, entre las que citó: falta de transparencia, conexiones con grupos criminales organizados, permeabilidad de los controles.
Criticó la insuficiente inversión presupuestaria institucional.
“Estos, son solo algunos de los ingredientes perfectos que puede conducir a situaciones realmente graves y complejas, en las cuales es imposible que la pena privativa de libertad cumpla con el fin que traza la Constitución, esto es que se orienten hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada”, manifestó.
FINJUS concuerda con lo expresado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en que las cárceles entonces se convierten, “en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación”; y es que, con sugestiva impunidad, aquellos que se encuentran recluidos urden tácticas para seguir delinquiendo aún privados de su libertad.
“Esta realidad obliga que se realice un análisis y diagnóstico profundo de las particularidades que obstaculizan la efectividad del objeto de las penas privativas de libertar a la luz del catálogo de derechos que asume nuestra Ley Sustantiva”, indicó.
Finjus también cita hace referencia a estudios sobre vulnerabilidades en violación sistemática de los derechos humanos de los reclusos y sus familias, que alimenta un círculo vicioso que fomenta la violencia y corrobora la decadencia del sistema de justicia criminal.
“Solo basta con recordar que poseemos un sistema penitenciario mixto donde convergen cárceles tradicionales y centros de corrección y rehabilitación; de ello apuntar que 17 han avanzado al denominado “nuevo modelo” y que, todavía, 19 cárceles pertenecen al “viejo modelo”, las cuales se identifican, básicamente, por ser instituciones que además, “de sobrepobladas, tienen una tasa aberrante de hacinamiento de más de un 262.5 por ciento”, indicó.
