El candidato presidencial Carlos Peña presentó este lunes una acción de inconstitucional contra la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una norma que diferentes sectores temen que pueda tener consecuencias en la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos.
El Partido Generación de Servidores, GenS, y su aspirante presidencial, Carlos Peña, presentaron ese recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que se declare no conforme a la Carta Magna y, por tanto, se considere nula de pleno derecho y se revoque por completo.
En esta acción de inconstitucional también se solicita que se anule cualquier acto y disposiciones conexas derivadas de la aplicabilidad y ejecución de la Ley 1-24, así como la suspensión inmediata de la ejecución de la misma, al menos con carácter provisional, hasta que el Tribunal Constitucional conozca el asunto con carácter definitivo.
En declaraciones a los medios, Peña dijo que se presenta esta acción para evitar prácticas que “entendíamos ya superadas, como lo es el espionaje, el caliesaje vulgar y la represión institucionalizada para limitar la libre expresión”.
“Estamos solicitando la nulidad plena de esta ley por no acogerse a los preceptos constitucionales que salvaguardan los derechos fundamentales, como es la intimidad de los dominicanos”, mediante una normativa aprobada por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) “con la complicidad” del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo, “cuyos legisladores votaron a favor de esta ley en las cámaras”, indicó Peña.
Calificó la ley de “atropello a toda la privacidad, a la dignidad que nuestra Carta Magna consagra debe protegerse”, por lo que, subrayó, “nos convertimos en el primer partido en presentar una acción de inconstituicionalidad para proteger los derechos de los dominicanos”.
Previamente, este domingo la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó esta normativa al entender que la misma podría tener la interpretación y aplicación que el Gobierno quiera darle, violando los derechos fundamentales de las personas.
Otros colectivos como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) y otros sectores interesados han expresado sus dudas ante esta ley.
Entre las atribuciones de la Dirección Nacional de Inteligencia está poder investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
