Redacción por Carlos Arturo Guisarre
Santo Domingo.- El próximo cuatrenio encontrará al gobierno que se instale el próximo 16 de agosto con el desafío de hacer de República Dominicana un lugar más atractivo para invertir, puesto que lo que las personas más necesitan son empleos productivos de calidad, donde sea más fácil obtener ingresos sin subsidios ni cuñas políticas.
Estas consideraciones las ha compartido con N Digital el economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREE), quien sostuvo que los subsidios estatales, ni de ninguna otra naturaleza, aportan a la reducción de la pobreza, un planteamiento contraintuitivo políticamente, puesto que la mayoría de los candidatos presidenciales, en especial los postulados por partidos mayoritarios, han prometido que aumentarán las ayudas sociales gubernamentales.
“La idea es estructurar el ecosistema productivo empresarial para que una creciente cantidad de personas salgan de la pobreza de manera orgánica, por sí mismos y con sus talentos, y no por medio de subsidios, porque si a una persona la sacas de la pobreza por medio de subsidios y al mes siguiente se los retiras, de inmediato caerá nueva vez por debajo de la línea de pobreza, puesto que no se enfocó en desarrollar las habilidades necesarias para prosperar”, declaró Collado Di Franco.
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De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo del CREES, el próximo cuatrenio debe estar caracterizado por una reforma fiscal integral tendente a bajar las tasas de los distintos tipos impositivos, en adición a que se reduzcan las bases sobre las cuales esos impuestos son aplicados. Así, la nación dominicana sería más atractiva para recepción de capital foráneo, debido a que si bien es cierto que la inversión extranjera directa alcanzó los US$4,390.2 millones en 2023, “el 39% de ese monto proviene de empresas extranjeras instaladas en el país que aumentaron sus inversiones”.
“Uno de los grandes obstáculos que los emprendedores encuentran en su camino por crear riqueza es la competencia desleal generada por la informalidad. El Código Laboral dominicano es de los principales alisientes para que muchos comerciantes se mantengan en la economía sombra, lo que hace que, a la hora de los ajustes fiscales, los más castigados sean los que ya pagan impuestos de manera regular”, expresó Collado Di Franco.
El seguro de cesantía sería una buena solución, ya que los pasivos laborales pesan bastante sobre los hombros de las empresas, en especial las micro y pequeñas. “Un seguro de cesantía beneficiaría a los más jóvenes, debido a que tienen menos tiempo en puestos formales. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 plantea de la implementación del seguro de cesantía y su cumplimiento es un desafío que debe anotar el próximo gobierno”.
La electricidad, según Collado Di Franco, es de los problemas más graves que debe atender de manera categórica el próximo gobierno, con fines de que República Dominicana aumente su atractivo como destino de inversión, al igual que incentive a los prospectos locales de emprendimientos a salir adelante con sus ideas.
“Por lo general, en muchas empresas es necesario que autogenerrar la electricidad. Además, los negocios, así como los hogares, afrontan cada vez una tarifa alta, a cambio de un servicio enértico de baja calidad”, señaló Collado Di Franco.
A nivel económico, disminuir la presión tributaria requiera una Ley de Responsabilidad Fiscal, con reglas de gastos y topes al déficit, donde sea posible obtener un superábit fiscal, como parte de un programa financiero que obtenga ese resultado en un plazo de cuatro años. “Ya llegamos al punto el año pasado de que solo los intereses de la deuda pública representan el 25% de los ingresos fiscales”, señaló el economista. Considera que la proporción del servcio de la deuda es el mejor indicador de la deuda pública, y no la relación deuda/producto interno bruto (PIB).
En materia educativa, Collado Di Franco ve necesario despolitizar ese sector, con una reforma profunda. También, revisar si es necesario que se siga gastando el 4% del PIB, puesto que se ha demostrado que mayores partidas de dinero no aumentan la calidad de la enseñanza.
