El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este miércoles la Ley Laken Riley, la primera ley de su nuevo gobierno. Esta norma exige que las autoridades detengan y puedan deportar a personas que estén en el país sin permiso de residencia y que sean acusadas de robos o crímenes violentos, incluso antes de que un juez las declare culpables.
La ley fue aprobada rápidamente en el Congreso, donde los republicanos tienen la mayoría y algunos demócratas también la apoyaron. Sin embargo, grupos que defienden los derechos de los inmigrantes critican que esta medida podría llevar a redadas masivas, incluso contra personas que hayan cometido delitos menores como hurto.
Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una parte clave de su mandato y ha dicho que esta ley es solo el comienzo. “Esto nos ayudará a combatir a los extranjeros criminales y a restaurar el Estado de derecho en nuestro país”, declaró durante un evento en Florida.
Te puede interesar: Trump propone compensación de 7 meses de salario a empleados federales que renuncien
La norma lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada en febrero de 2024 mientras corría. El acusado es José Antonio Ibarra, un venezolano sin permiso de residencia, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre.
Trump calificó la aprobación de la ley como un “gran homenaje” a Riley y afirmó que la llegada de inmigrantes ilegales ha aumentado el crimen en el país. Para los conservadores, la firma de la ley es un símbolo de firmeza en seguridad, pero los críticos creen que solo traerá caos y crueldad, sin solucionar los problemas del sistema migratorio.
Según la Ley Laken Riley, el gobierno federal deberá detener a cualquier inmigrante arrestado o acusado de robo, agresión a un policía o delitos que causen muertes o heridos. Además, permitirá a los fiscales generales estatales demandar al gobierno de Estados Unidos por daños causados por decisiones sobre inmigración. Esto podría dar más poder a los estados conservadores en la política migratoria.
El caso de Ibarra es un ejemplo de lo que busca esta ley. Fue arrestado por entrada ilegal en Texas en 2022 y liberado para esperar su proceso. Luego, fue detenido en Nueva York en 2023 por poner en peligro a un menor, pero quedó libre. También fue sospechoso de robo en Georgia, meses antes del asesinato de Riley.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, celebró la aprobación de la ley, diciendo que es “lo correcto”. Pero algunos demócratas han cuestionado si es constitucional y advierten que provocará detenciones masivas, lo que requerirá la construcción de más centros de detención.
Grupos como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) denuncian que esta ley podría llevar a la detención de personas por delitos menores ocurridos hace años. La experta en derechos de inmigrantes, Hannah Flamm, dijo que se trata de una estrategia para justificar un sistema de deportación masiva. También prevé que la ley será llevada a los tribunales y que el gasto en centros de detención abrirá un nuevo debate sobre el uso de fondos federales.
Esta medida se suma a otras acciones de Trump para endurecer la política migratoria, como el refuerzo de la frontera con México y planes para expulsar a millones de inmigrantes sin estatus legal. Además, su gobierno ha cancelado el reasentamiento de refugiados y podría castigar a funcionarios locales que no cumplan sus políticas.
“Estamos atrapando a los criminales extranjeros ilegales y los estamos expulsando de nuestro país”, dijo Trump. “No pedimos disculpas y estamos avanzando rápido”.
EFE
Por: Itzel Olivo
