Verificación de cinco argumentos sobre la investigación del juicio político

Los defensores del presidente Donald Trump han recurrido a una serie de argumentos para sustentar su afirmación de que la investigación iniciada por los demócratas en la Cámara de Representantes el mes pasado para impugnar al presidente equivale a un “juicio amañado”. Han citado precedentes históricos, la Constitución y plebiscitos, entre otros argumentos, en contra de la investigación. A continuación, les diremos qué hay de cierto en algunas de sus afirmaciones más recurrentes.

Lo que se dijo:

“En nuestros más de 240 años de historia, en esas raras ocasiones en las que hemos tenido procesos de impugnación presidencial, siempre han pasado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, porque ese comité es el que tiene jurisdicción sobre la Constitución y sobre el proceso de impugnación, no el Comité de Inteligencia”.

— El representante de Texas del Partido Republicano John Ratcliffe en una entrevista este mes

Falso.

El mes pasado, en su anuncio sobre el inicio formal del procedimiento de impugnación, o juicio político, contra Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que había dado la instrucción a seis comités (incluido el Comité de Inteligencia, cuyo presidente, Adam Schiff, un demócrata de California, ha desatado la ira de Trump) de proceder con las indagaciones “en el marco de una ‘investigación para determinar si se debe llevar a cabo un juicio político’”. A puerta cerrada, la presidenta Pelosi dijo que los comités deberían remitir los casos sobre delitos cometidos por Trump que posiblemente ameriten un juicio político al Comité Judicial.

Según Ratcliffe, este acuerdo equivale a una violación jurisdiccional. No obstante, aunque comúnmente estas investigaciones las realiza el Comité Judicial de la Cámara de Representantes desde su creación en 1813, no existe norma alguna que así lo exija y hay precedentes de casos en que otros comités han tomado la iniciativa.

En 1804, 1808 y 1839 hubo comités especiales que iniciaron procesos para impugnar a jueces federales. Además, en 1867, después de que el Comité Judicial decidió mediante una votación en el pleno de la Cámara no someter al presidente Andrew Johnson a un juicio político, un segundo intento de impugnación basado en una investigación del Comité de Reconstrucción tuvo éxito.

“Ciertamente, no hay un requisito constitucional que establezca que algún Comité específico deba estar a cargo de este proceso”, aclaró Frank Bowman, profesor de Derecho de la Universidad de Misuri y experto en el tema. “El caso de Johnson en verdad ilustra el principio básico: la Cámara de Representantes puede llevar a cabo un proceso de impugnación o juicio político presidencial como mejor le plazca”.

Lo que se dijo:

“En la historia de nuestra nación, la Cámara de Representantes nunca ha intentado iniciar una investigación para someter a juicio político a un presidente sin que una mayoría en la Cámara Baja asuma la responsabilidad política de esa decisión mediante una votación para autorizar un paso constitucional tan drástico”.

— Pat Cipollone, asesor de la Casa Blanca, en una carta dirigida el martes a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes

Esto es engañoso.

Aunque el pleno de la Cámara Baja votó a favor de iniciar las investigaciones de juicio político en contra de los presidentes Bill Clinton y Richard Nixon, no hay nada en la Constitución ni en el reglamento de la Cámara de Representantes que exija tal cosa. Además, hay varios casos de procedimientos de impugnación judiciales contra funcionarios que no eran presidentes que comenzaron sin una votación.

“En el pasado, los comités de la Cámara de Representantes, en virtud de su autoridad general de investigación, a veces han buscado información e investigado acusaciones en contra de funcionarios antes de que se llegara a una resolución que autorizara una investigación de juicio político”, menciona un informe emitido en octubre por el Servicio de Investigación del Congreso.

Por ejemplo, las investigaciones para impugnar a tres jueces federales en la década de los ochenta iniciaron sin la autorización explícita del pleno de la Cámara de Representantes, según el informe.

Aunque toda la asamblea participó en la votación sobre el inicio de las investigaciones para impugnar a Clinton y a Nixon, no se tiene certeza de si se llevó a cabo la votación correspondiente en el caso de Johnson. En el segundo intento de impugnar al 17.º presidente, el pleno de la Cámara de Representantes sometió a votación y aprobó resoluciones que autorizaban al Comité de Reconstrucción a comenzar una investigación general y a obtener la evidencia recopilada previamente por el Comité Judicial. No obstante, esas resoluciones no autorizaban de manera explícita una segunda investigación para impugnar al presidente.

“La Constitución no establece en ningún lado que la Cámara de Representantes tenga que hacer algo específico, en un orden determinado, antes de la votación para aprobar los artículos del juicio político”, explicó Stephen Vladek, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Texas.

Bowman, quien dijo que la carta de la Casa Blanca era “una sarta de disparates”, señaló que el proceso de impugnación solo es una de las facultades concedidas al Congreso, de tal modo que “tomar en serio el argumento de la Casa Blanca significaría que tiene que haber una votación” antes de que cualquier comité de la Cámara Baja pueda iniciar audiencias sobre legislación relacionada con el comercio interestatal, los presupuestos o incluso el establecimiento de oficinas de correos.

Lo que se dijo:

“Básicamente, la Cámara de Representantes está ejecutando un proceso de juicio político sin seguir los precedentes, sin permitirle al presidente contar con un abogado, sin que el presidente pueda llamar a testigos ni tener facultades para enviar citatorios de comparecencia”.

— Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, en una entrevista esta semana

“Si votan para iniciar un proceso de impugnación formal, históricamente, los precedentes indican, en efecto, que todos tienen derechos, que el partido minoritario tiene derechos. Ciertamente, la Casa Blanca tiene derechos. El presidente tiene derechos que no está ejerciendo en este momento”.

El representante republicano de Ohio Jim Jordan en una entrevista concedida la semana pasada

Esto es engañoso.

Este argumento —que ocupó un lugar destacado en la carta de Cipollone y que han repetido varios defensores del Trump— tergiversa la separación de funciones del Congreso en relación con el proceso de impugnación: la Cámara de Representantes investiga y presenta los cargos y el Senado celebra el juicio.

Ni la Constitución ni el reglamento de la Cámara de Representantes solicitan que el sujeto de una investigación de impugnación llame a testigos o presente pruebas exculpatorias. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes sí escuchó el testimonio del consejero de la Casa Blanca a petición del gobierno de Clinton en 1998 y les permitió a los abogados defensores de Nixon presentar evidencia que rebatía los hechos en 1974. Pero nada de eso sucedió en el caso de Johnson, a quien la Cámara de Representantes sometió a un proceso de impugnación antes de elaborar los artículos de juicio político.

“Es perfectamente razonable que sugieran que la Cámara de Representantes siga estos precedentes más conciliadores”, dijo Vladeck. “Pero es completamente falso afirmar que tiene una obligación constitucional o jurídica de hacerlo”.

Después de que se vota a favor de iniciar un juicio político, la Cámara de Representantes nombra a los legisladores que fungirán como gestores, es decir, como fiscales en el juicio ante el Senado. Las reglas del juicio político realizado por el Senado sí le otorgan al impugnado algunos derechos. Por ejemplo, ambas partes —los gestores de la Cámara de Representantes y la parte impugnada— pueden interrogar a los testigos y presentar alegatos finales ante el Senado.

Lo que se dijo:

“¿Recuerdan cuando Pelosi dijo que la transcripción mostraría un quid pro quo? No fue así”.

— El Senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham en una entrevista este mes

Falso.

“No hubo quid pro quo” se ha convertido en un grito de batalla entre quienes se oponen a una investigación de juicio político, en especial desde que se dio a conocer la transcripción reconstituida de la llamada telefónica entre Trump y el presidente ucraniano, el pasado 25 de septiembre (la frase aparece en los temas de conversación que les hizo llegar la Casa Blanca a sus defensores).

Un portavoz de Graham citó los comentarios que Pelosi hizo a los demócratas en la Cámara de Representantes en una reunión a puerta cerrada el 24 de septiembre, un día antes de que se diera a conocer la transcripción. No obstante, en esas observaciones, ella hizo menos énfasis en la necesidad de demostrar un intercambio de favores, pues argumentó que el solo hecho de pedir intervención extranjera en una elección era suficientemente incorrecto.

“No se queden atrapados en la trampa del: ‘Ah, no hubo quid pro quo’”. No, él pidió ayuda a un gobierno extranjero. Eso está mal”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes.

“Es muy importante saber esto: no se necesita que haya habido un quid pro quo en la conversación”, explicó Pelosi en comentarios públicos que hizo ese día. “No les pedimos a los gobiernos extranjeros que nos ayuden en nuestras elecciones; eso fue lo que intentamos detener en el caso de Rusia. Está mal”.

Otros líderes demócratas en la Cámara de Representantes también hicieron eco de ese sentimiento.

“No necesitamos encontrar evidencia de un quid pro quo”, dijo Schiff el 22 de septiembre. “No se necesita un quid pro quo explícito para traicionar a tu país”.

Lo que se dijo:

“Solo un 25 por ciento quiere que se inicie un juicio político en contra del presidente, lo cual es bastante bajo teniendo en cuenta el volumen de la cobertura de Noticias Falsas, pero es bastante elevado teniendo en cuenta el hecho de que no hice NADA malo. ¡Todo esto no es más que una continuación de la mayor Estafa y Cacería de Brujas en la historia de nuestro País!

— Trump en Twitter el 9 de octubre de 2019

Falso.

Trump parece estar refiriéndose a una encuesta de The Washington Post y la Escuela de Política y Gobierno Schar que se publicó el martes. Pero la encuesta muestra que un 58 por ciento de los estadounidenses está a favor de la investigación para la impugnación y un 49 por ciento está a favor de destituir a Trump del cargo. Ese 25 por ciento se refiere a la proporción de republicanos e independientes con inclinación republicana —no al electorado en general— que está a favor de que haya una investigación.

De acuerdo con los promedios de los sondeos realizados por FiveThirtyEight, un 49,3 por ciento está a favor de la impugnación desde el 1.° de octubre, un aumento en comparación con el 40,1 por ciento que se había pronunciado a favor hasta el 19 de septiembre.

c.2019 The New York Times Company