La Procuraduría, en un comunicado, señaló que tiene en su poder evidencias sobre este “esquema de corrupción” que utilizó como plataforma a varias instituciones del Estado para movilizar el dinero que, presuntamente, se obtenía de forma irregular para financiar al movimiento político que entonces dirigía el expresidente.
El caso de financiación irregular es investigado por la Fiscalía del Estado y es conocido como “Sobornos 2012-2016”, por el cual también está salpicado el exvicepresidente Jorge Glas (recluido en una cárcel por otro caso de corrupción) y otros exaltos cargos del Gobierno de Correa.
La Procuraduría explicó que las evidencias se desprenden del análisis de “más de 500 cuerpos e informes periciales, evidencias documentales y testimoniales” recogidos durante la investigación fiscal del caso.
Según el escrito de la PGE, estos sobornos se utilizaron para “beneficiar de manera directa” a “personas cercanas al expresidente Correa”, como políticos involucrados con el movimiento Alianza País, militares y simpatizantes.
El comunicado detalló que los fondos se usaron también para financiar candidaturas políticas, préstamos personales, alimentación, cumpleaños del expresidente, mítines políticos, prestación de servicios, traslados, entre otros.
La Procuraduría adelantó que, el titular de ese organismo, Íñigo Salvador, acudirá el próximo lunes a la Corte Nacional de Justicia para presentar su versión sobre la participación de exfuncionarios en el caso “Sobornos 2012-2016”.
Salvador presentará su acusación particular contra Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios como Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Viviana Bonilla y Walter Solís, así como algunos contratistas del Estado.
La acusación, según el texto, fue presentada a la jueza Daniella Camacho el pasado 28 de agosto dado que, en las primeras investigaciones, se encontró evidencia de responsabilidad penal por “delitos de cohecho”, según señala el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Actualmente Correa, quien reside en Bélgica desde el 2017, ha denunciado una presunta persecución política en su contra y de varios de sus correligionarios por parte del actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.
El exmandatario tiene pendientes 29 juicios penales, algunos de ellos por presunta corrupción, y una orden de prisión preventiva que fue ratificada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador el pasado 7 de noviembre.
