La acelerada salida en la última semana de los profesionales cubanos -la mayoría médicos- que prestaban servicios en Ecuador y Bolivia golpea no solo las finanzas de Cuba sino su imagen exterior, en medio de acusaciones de intentar desestabilizar esas dos naciones.
La prestación remunerada de servicios profesionales a terceros países, especialmente en Medicina y Educación, es una de las principales fuentes de divisas del Gobierno cubano, que denomina esta actividad ‘colaboración internacional’.
En las dos últimas décadas, con el ascenso de Gobiernos de izquierda en buena parte de Latinoamérica, Cuba firmó con sus nuevos aliados bolivarianos importantes convenios de este tipo que supusieron la llegada de miles sus médicos, maestros y otros profesionales a países como Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia.
Estos médicos atienden por lo general a población de zonas rurales alejadas y comunidades desfavorecidas, núcleos a los que los países les cuesta dar cobertura sanitaria.
Los últimos datos oficiales disponibles (2017) cifraban los ingresos de Cuba por servicios profesionales en 9.628 millones de dólares.
Pero la nueva oleada de victorias conservadoras o los conflictos políticos y sociales surgidos en los últimos meses han hecho tambalearse esos acuerdos, también en la mira de Estados Unidos dentro de su estrategia de asfixiar económicamente a La Habana por su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela.
Además de ser un nuevo golpe financiero en medio de la crisis de divisas que afecta a la isla, la campañas de desprestigio que el Gobierno de la isla atribuye a la derecha y a EE.UU. apuntan a dañar uno de los pilares de la política exterior de Cuba, que el año pasado desplegaba más de 50.000 médicos en 67 países.
Más de 700 especialistas del país caribeño dejaron Bolivia en la última semana para garantizar su seguridad en medio de los graves disturbios que vive el país tras la renuncia al poder de Evo Morales, ahora asilado en México.
El retorno de los cubanos lo precipitó la detención de cuatro de ellos acusados de presuntamente financiar y alentar las violentas protestas a favor de Morales -gran aliado de Cuba desde que llegó al poder-, algo que el Gobierno de la isla ha negado tajantemente.
El Ejecutivo interino de Jeanine Áñez también instó a Cuba a retirar a sus colaboradores en el país andino a la vez que rompía relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, en un claro distanciamiento de los aliados bolivarianos de la época anterior.
Lo ocurrido en Bolivia, donde según datos oficiales los médicos realizaron un millón y medio de intervenciones quirúrgicas y más de 73 millones de consultas, ha coincidido con la salida de Ecuador de otros 400 doctores cubanos que prestaban servicios allí en programas que se remontan a 2013, cuando gobernaba Rafael Correa.
El Gobierno de Lenín Moreno, distanciado desde su llegada de las políticas y alianzas de Correa, alegó razones económicas para cancelar los seis acuerdos que existían entre los ministerios de Salud de ambos países.
En total, pasaron por ese país 3.565 profesionales cubanos, se realizaron 212.360 operaciones, asistieron 3.548 partos y se suministraron unas 100.000 vacunas.
Pero en el trasfondo de la ruptura del acuerdo hay también acusaciones de medios ecuatorianos que involucran a profesionales cubanos en las fuertes protestas que sacudieron el país este año por la decisión gubernamental -después revertida- de retirar los subsidios al combustible.
Según esos medios, durante los disturbios de principios de octubre supuestamente se registró un flujo inusual de extranjeros al país con pasaporte oficial de Cuba, un extremo que el Gobierno cubano, como en el caso de Bolivia, también ha rechazado.
La salida de los profesionales cubanos de los dos países andinos se suma a lo sucedido el año pasado en Brasil, hasta entonces uno de los principales clientes de la colaboración médica de la isla.
Cuba retiró a sus más de 8.000 médicos en Brasil a finales del 2018 ante las amenazas del entonces presidente electo Jair Bolsonaro de cancelar el programa ‘Más Médicos’ si La Habana no aceptaba unas nuevas condiciones, entre ellas que los doctores cobraran su salario íntegro.
Y es que las condiciones en que los médicos cubanos trabajan en otros países es otro de los ángulos de la polémica que rodea a estas misiones.
Las naciones que contratan estos servicios pagan directamente al Estado cubano, que se embolsa en torno al 70 % de los salarios y abona el porcentaje restante a sus trabajadores, quienes además viajan al exterior sin su familia, aunque el Gobierno de La Habana subraya que todo el personal que sale de misión lo hace voluntariamente.
Los detractores de estos programas critican el alto porcentaje del salario que va a las arcas estatales y sostienen que mantener a los familiares en la isla es una manera de evitar que el personal expatriado deserte.
Estos argumentos sustentan un nuevo flanco de ataque para EE.UU., que mantiene últimamente una activa campaña de denuncia contra las misiones profesionales cubanas como parte de la nueva política hacia Cuba de la Administración de Donald Trump, que ha revertido el ‘deshielo’ de la época Obama.
Washington justifica su renovada hostilidad hacia La Habana en el apoyo de Cuba a Nicolás Maduro en Venezuela, donde precisamente se mantiene otra de las principales misiones profesionales cubanas, con unos 20.000 integrantes entre médicos, maestros y otros especialistas.
Para Estados Unidos, los cubanos que trabajan en Venezuela son agentes de inteligencia que apuntalan al chavismo, mientras que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel refuta esa acusación e insiste en que se trata de colaboradores que prestan una misión solidaria.
La contraprestación que Cuba recibe por esos profesionales es el envío de petróleo venezolano a precios subsidiados, todo ello plasmado en un convenio bilateral firmado en 2000 por los entonces presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro, ambos ya fallecidos.
