Las redes sociales han servido de escenario para que desaprensivos realicen chantajes, difamen o difundan imágenes o videos que afecten la integridad de las víctimas, quienes no aprueban las publicaciones.
Tras la reciente filtración de fotos íntimas de la presentadora de origen venezolano, Jessica Pereira, surge la disyuntiva de si existe pena de cárcel o sanciones para quienes incurran en esta práctica en detrimento de algunas personas.
En República Dominicana no es la primera ocasión en la que una figura pública se ve afectada por antisociales y malhechores que sustraen este tipo de fotografías, que luego son difundidas en distintos tipos de redes sociales, provocando así una ola de comentarios y publicaciones al respecto.
De acuerdo con expertos en el tema, la ley no solamente sanciona a quien difunde el contenido por primera vez, sino también al que lo comparte. Los profesionales resaltan además, que nadie puede grabar a otra persona sin su consentimiento.
N Digital se puso en contacto con el abogado y especialista en derecho penal y constitucional, Felix Porte, quien aseveró que una persona que obtenga de manera ilícita imágenes que comprometan la integridad de otra, y posteriormente filtre el contenido, podría enfrentar hasta 5 años de prisión.
Además, añadió que la violación de la confianza al publicar o difundir un contenido que ha sido mostrado de manera exclusiva, pueden conllevar a una sanción que va desde el pago de 10 hasta 200 salarios mínimos, adicional a una indemnización.
Diversas personalidades del arte y el espectáculo a nivel nacional, también se han visto en la incómoda situación de quedar expuestas a la luz pública en condiciones no deseadas:
Nashla Bogaert, en el 2012 presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República , tras la puesta en circulación sin su consentimiento, fotografías comprometedoras.
Al igual que a ella, Omega, Venya Carolina o Don Miguelo se han visto involucrados en situaciones similares.
La difusión de contenido comprometedor de un tercero es penalizado en la Constitución dominicana.
En el Artículo 44, el derecho a la intimidad y el honor personal, señala que toda persona tiene derecho a la privacidad.
En el mismo artículo, se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen.Toda autoridad o particular que viole este articulo está obligado a enmendar o repararlos conforme a la ley.
En ese mismo orden, el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en el artículo 21 precisa que la difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
Así mismo agregan que el daño moral que sufre la persona que es víctima en estos casos es incalculable, por lo que debe asesorarse e ir donde un abogado y obtener las pruebas concretas del agravio, para luego proceder legalmente contra el culpable.
El Código Penal de la República Dominicana señala en su Artículo 337 que se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de 25 mil a 50 mil pesos el hecho de atentar voluntariamente contra la intimidad de la vida privada, el o las personas que por medio de captar, grabar o transmitir, sin el consentimiento de su autor su imagen si se encuentra en un lugar privado.
Este tipo de delitos son muy comunes, pocos son denunciados y a pesar de que a diario se ven en las redes sociales, no todas las denuncias llegan al Ministerio Público.
