El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad, total o parcial, de más de una docena de leyes, artículos, convenios y resoluciones, por contener aspectos que riñen con las normativas legales y vulneran derechos adquiridos.
De acuerdo al senador por la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, estas fallas se deben a descuido de los legisladores al momento de elaborar una ley, lo que repercute en que la Alta Corte declare su inconstitucionalidad.
“Es propicio llamar la atención al Congreso, del cual yo formo parte, de que al momento de elaborar las leyes tengamos más cuidado con la Constitución. Ya varias leyes han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Esto es penoso porque no debiera ser”, dijo.
El legislador favoreció la decisión del TC respecto a la nulidad de forma definitiva y para el futuro el voto de arrastre entre diputados y senadores.
Sánchez expresó que fue el primero en “llamar la atención” y de votar en contra de la Ley de Partidos, respecto al voto de arrastre.
Tribunal Constitucional elimina voto de arrastre
“El ciudadano debe tener el derecho a elegir libremente a un senador y a un diputado sin que exista un amarre de uno y de otro, y por lo tanto, hoy ha ganado el pueblo con esta decisión del TC”, agregó.
LEYES INCONSTITUCIONALES. Muchas leyes no pasan el cedazo del Tribunal Constitucional luego de transitar un largo camino en el Congreso Nacional.
El TC ha declarado la nulidad completa de leyes, artículos, resoluciones y acuerdos declarados no conforme a la Constitución.
El declaró inconstitucional y nulo de forma inmediata y para el futuro, el artículo 2 de la Ley 153-13, en lo relativo al voto preferencial, el cual establece el voto de arrastra entre senadores y diputados, el pasado 12 de agosto.
Fue declarado como no conforme a la Constitución, el artículo 284, numeral 18 de la Ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, que establecía una pena de tres a 10 años de prisión los delitos de difamación a los políticos, el pasado 30 de julio de este año.
El recurso fue interpuesto por la Fundación Prensa y Derecho que alegaba que “el imponer penas privativas de libertad por compartir propaganda que afecta a un candidato desnaturaliza el ejercicio al libre acceso a la información y limita irrazonable y desproporcionadamente la libertad de expresión y difusión del pensamiento”.
También fue declarado inconstitucional el Artículo 44 de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que castigaba “los comentarios negativos contra los candidatos durante la campaña electoral en las redes sociales”.
El TC declaró inconstitucional la Ley 91 sobre la creación del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en 1983, el 19 de diciembre del 2018. El recurso fue incoado por Tapia López.
En octubre del 2018, invalidó la resolución R-MEM-REG-048- 2017, mediante el cual el Ministerio de Energía y Minas establecía un régimen concesional de las explotaciones mineras en República Dominicana. El TC consideró que la medida, aprobada el 13 de octubre del 2017, violentaba los principios de legalidad, subordinación reglamentaria y seguridad jurídica. Esa acción fue interpuesta por la Cámara Minera Petrolera de la República dominicana (CAMIPE) y la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM).
En febrero del 2018, el TC declaró el convenio de servicios aéreos suscrito entre República Dominicana y Kuwait como inconstitucional. El acuerdo fue firmado el 17 de diciembre del 2016 y su nulidad se basó en que omite el aspecto sobre la soberanía que tienen los gobiernos en el espacio aéreo del territorio de cada Estado.
La resolución 17/2015 fue declarada nula y como inconstitucional, mediante la cual el Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso la obligatoriedad del uso de la fuerza pública para la ejecución de las sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos. La sentencia se basó en que la medida, emitida el 3 de agosto del 2015, el CPJ incurrió en una violación de los principios de legalidad, interdependencia y de actuación consignados en la Constitución. La sentencia de nulidad 446/18 fue emitida el 13 de noviembre del 2018.
El pasado 3 de diciembre del 2015, el TC declaró inconstitucional la ley 550-14 que instituía un nuevo Código Penal en la República Dominicana y dictaminó la continuación de la vigencia del Código Penal promulgado mediante el decreto – Ley 2274 del 20 de agosto del 1844. La acción directa de inconstitucionalidad fue sometida por las fundaciones Justicia y Transparencia, Transparencia y Democracia y la fundación Matrimonio Feliz.
El anulado Código Penal establecía una amplia y profunda reforma de la centenaria norma vigente, entre ellas, el principio de cúmulo de pena, elevaba a 40 años la prisión para el sicariato y el feminicidio, y contemplaba una serie de sanciones para la corrupción y el tráfico de influencia.
Fue declarado inconstitucional por considerarse una limitación del ejercicio de la soberanía nacional y porque suponía una injerencia por tiempo indeterminado de cuerpos militares extranjeros en el país, el “Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana”, firmado el 20 de enero del 2015.
El TC anuló el artículo 35 de la Ley 1306-BIS sobre Divorcio, mediante el cual exigía a la mujer divorciada a esperar que transcurrieran 10 meses después del divorcio para casarse nuevamente cuando se tratara de una persona distinta a su ex esposo. El recurso fue depositado por Angela Merici Mendoza Minier el pasado 30 de septiembre del 2010.
