Bandas criminales empoderadas alteran el orden público en varios países latinoamericanos - N Digital

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Bandas criminales empoderadas alteran el orden público en varios países latinoamericanos

Bandas criminales empoderadas alteran el orden público en varios países latinoamericanos

El surgimiento de las pandillas o bandas criminales no es algo nuevo; sin embargo, su fortalecimiento y empoderamiento cada vez se hace notar dentro de las problemáticas que enfrentan poblaciones latinoamericanas, causando así temor, desestabilización y crisis sociales que los mismos gobiernos no pueden controlar.

Una banda criminal, es un grupo de personas que se organizan para desarrollar indeterminables actos de carácter ilícitos y delictivos.

La existencia del crimen organizado se ubica en el marco de un contexto global

donde han aparecido amenazas de diversa índole. Desafortunadamente, no sólo América Latina sino el conjunto de la Comunidad Internacional han visto aparecer estas nuevas amenazas que cada vez son más violentas, que se esparcen con mayor rapidez y que han producido el aumento de actos ilegales o ilegítimos que son difíciles de neutralizar debido a su naturaleza e interconexión global.

El crimen organizado tiene un objetivo esencialmente económico; sin embargo, para poder recibir esos recursos emplea la extorsión y la violencia como instrumentos fundamentales a su servicio. Esta característica es la que representa el mayor peligro para las sociedades latinoamericanas y caribeñas.

En Brasil, Honduras, México, Perú y Venezuela como en el resto países de América Latina, por ejemplo, el hampa sufrió el revolcón del covid 19, pero reaccionó y se adaptó con más rapidez que las organizaciones legales y que la población, según el informe de Insight Crime.

Por ejemplo, grupos criminales en Brasil, pandillas en El Salvador, guerrilleros en Colombia y bandas en Venezuela impusieron sus propias cuarentenas y toques de queda.

Venezuela

Caracas, la capital de este país, se ha convertido en una zona de guerra, donde los disparos entre bandas de diversos barrios y/o agentes policiales han dejado muertos y heridos.

En 2021 se está registrando un repunte en la violencia producto de enfrentamientos entre estas bandas, que no solo ocurre en Caracas sino en todo el país.

Para los venezolanos la violencia criminal no es algo novedoso, pero la intensidad y la falta de políticas públicas para controlar los enfrentamientos es notoria y preocupante. El medio internacional, DW habló con Fermín Mármol García, abogado criminalista y director del Instituto de Ciencias Penales, Criminológicas y Criminalísticas acerca del flagelo que estos hechos imponen a la sociedad y que él denomina “tumores sociales”. García dice estar convencido “de que en el caso venezolano, en lo que va de siglo 21, el crimen y la violencia hicieron metástasis, porque lamentablemente las políticas públicas, por un lado, fueron realmente muy perniciosas pero también por otro lado inexistentes”.

Entre las características de las bandas criminales que operan en Venezuela se destacan los colectivos armados que están ideologizados a favor del chavismo, pero aún más preocupante son las llamadas mega bandas que se han formado en los últimos años. Fermín Mármol García explica que “una veintena de estructuras del crimen, entre ideologizadas o no, tienen control territorial, poseen un apresto operacional ofensivo, es decir que sus integrantes tienen fusiles y también artefactos explosivos tipo granada, materializando una multiplicidad de delitos violentos, como secuestro, homicidios , extorsión, robo agravado, entre otros”.

No todos los cuerpos policiales está tan bien equipados como las FAES. Sobre la procedencia del armamento de las mega bandas, García menciona tres rutas: la corrupción, el tráfico de drogas y las importaciones que manejan las mafias de los puertos. Para García no cabe duda de que los criminales “están tan bien armados, tanto que superan a las policías municipales y regionales del país. Podrían estar a la par de las policías nacionales pero superan a otras instituciones ya mencionadas”, aclara García.

Aunque en los últimos 21 años el Estado ha impulsado varios operativos y planes nacionales para enfrentar a grupos criminales, ninguno ha tenido éxito en disminuir la violencia criminal en el país.

Mientras tanto, los que sufren más las consecuencias de las balaceras son los habitantes de los barrios populares.

Este tipo de violencia crece día con día y los enfrentamientos armados, este jueves en Caracas, una muestra de esta situación ha dejado hasta el momento ocho muertos -dos de ellos policías-. Las bandas criminales que se enfrentan a los cuerpos de seguridad atacaron la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en El Paraíso, en la capital venezolana.

El ataque fue perpetrado por la banda liderada por Carlos Luis Revete, alias “Koki”, por quien las autoridades chavistas ofrecen una recompensa de medio millón de dólares, al igual que por Garbis Ochoa Ruíz, alias “El Galvis”, y por Carlos Calderón Martínez, alias “El Vampi”.

“Estos se nos han escapado de las manos”, dijo a la agencia AFP bajo reserva un funcionario policial, resguardado en El Paraíso, donde está ubicada la comandancia general de la Guardia Nacional, cuerpo castrense a cargo del orden público.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), por su parte, lograron llegar a lo alto la Cota 905, barrio donde comenzaron el miércoles los enfrentamientos, y tomaron “La Gallera”, el lugar donde el Koki, Garbis y el Vampi hacían sus fiestas.

Un nuevo enfrentamiento entre policías y bandas criminales se registra en la capital venezolana desde el miércoles, con un saldo de al menos ocho fallecidos, la mayoría por balas perdidas, según medios locales. Tras varias horas de terror, las autoridades anunciaron este jueves un nuevo “despliegue” y recomendaron a la población “resguardarse”.

Cuando caía la noche en la capital venezolana, varios usuarios reportaron en las redes sociales que cortaron la luz en la Cota 905 y en parte de El Cementerio.

Uniformados con vehículos blindados se apostaron desde temprano en calles desiertas de El Paraíso, una zona de clase media en el oeste de Caracas, contigua a la barriada de la Cota 905, donde operan violentas bandas que por meses han protagonizado balaceras contra las fuerzas del orden.

Lo mismo hicieron en otras zonas del oeste de Caracas alcanzadas por la violencia sembrada por estas organizaciones delictivas.

Los delincuentes “tienen armas modernas”, reconoció a la AFP otro agente, que dijo estar esperando la “luz verde” para “limpiar todo esto de una vez”.

En el marco de estas arremetidas delictivas que se han recrudecido desde diciembre de 2020, la ministra de Interior y Justicia de la dictadura venezolana, Carmen Meléndez, se refirió en esa oportunidad a una “operación impecable” con más de 1.400 funcionarios que dejó 38 detenidos.

Este jueves la funcionaria informó “el despliegue de un nuevo operativo de protección y resguardo” a los habitantes de cinco amplios sectores de Caracas afectados por la criminalidad desatada. “Los organismos de seguridad del Estado continúan desplegados en las zonas vulneradas por estos criminales y no descansarán hasta rescatar el control absoluto (..) El llamado es a permanecer en resguardo, mantener la calma y la confianza en nuestras instituciones”, escribió en Twitter.

“Agradecemos de corazón al pueblo uniformado, a nuestros héroes y heroínas de los organismos de Seguridad Ciudadana y Paz, que echado el miedo a la espalda, están demostrando una vez más su vocación de servicio para proteger y resguardar a las familias de nuestra Patria (…) Una nueva demostración de la conciencia, de la fuerza histórica y la lealtad de un pueblo, amante de la Paz y que no se arrodilla ante las pretensiones de grupos delincuenciales aislados que siembran la violencia, odio y terror en nuestras comunidades”, escribió horas más tarde la ministra chavista, en un mensaje que fue compartido en sus redes sociales por el dictador Maduro.

Pese al peligro de caminar las calles de Caracas, durante la jornada de hoy vecinos del barrio Cota 905 se movilizaron con cacerolas para exigir el cese de las hostilidades.

El presidente interino Juan Guaidó sostuvo que Caracas volvió a amanecer este jueves “como zona de guerra”, con el miedo de la gente “de salir de su casa producto de la acción impune de bandas armadas”. “Esas bandas fueron armadas y justificadas por la dictadura como ‘zonas de paz’ para el control social. Hoy son descontrol total que arriesga la vida de todos y refleja el secuestro y ausencia del estado en la cotidianidad”.

“¿La Fuerza Armada seguirá en desfiles y exhibiciones o ejercerán el rol que les corresponde? ¿Seguirá entregando territorio y defendiendo delincuentes o ejercerá soberanía y hará cumplir con la constitución?”, agregó el líder opositor.

En las últimas horas al menos dos funcionarios policiales han resultado heridos, según una fuente médica. En Venezuela no hay cifras oficiales sobre violencia en general, y mucho menos de las muertes dejadas por estos enfrentamientos. El país registró 12.000 fallecidos en hechos violentos en 2020 según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), una tasa de 45,6 por cada 100.000 habitantes, siete veces mayor a la media mundial.

 

Haití

La nación haitiana tiene una situación caótica, así lo manifestó el exembajador de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, donde el Estado está perdiendo la guerra frente a las pandillas.

En la actualidad, la violencia que este flagelo ha generado cada vez más se apodera de este país. Por esta situación, se reporta que en el 2020 sólo los casos de secuestro se triplicaron, teniendo más de mil secuestros, una cifra alarmante cuando en países como México con una población aproximadamente 11 veces mayor que Haití, el mismo año hubo 1,1 51 casos, según pública el periódico Milenio de México.

El periodista haitiano, Alexander Jusepe, expresó que en ese país “matan a cualquiera, secuestran a cualquiera y por aquí en el Sur de la capital, hay que andar con cinco ojos, porque los bandidos al día se meten en tu casa y te secuestran y te llevan”.

Asegura que los secuestros y la violencia afectan a todos los niveles de la sociedad haitiana, sin importar credo, edad o género.

“Las pandillas se adueñaron de la avenida principal del aeropuerto, donde los negocios tuvieron que cerrar, hoy se escucharon más de mil tiros de diferentes armas”, comentó Jusepe durante una entrevista en el programa Nuria Investigación Periodística.

Sostiene que la situación que se vive en Haití, es percibida de una manera donde los pandilleros tienen toda la libertad en sus actuaciones, “de hecho se ha dicho que estas bandas son apoyadas por el oficialismo y esta creencia se fundamenta en muchas razones, una de ellas que las bandas actúan en contra de la oposición”.

Con relación al tema, el exembajador de Haití, Paraison dijo que los actores del oficialismo durante las campañas electorales, impiden a sus adversarios actividades proselitistas, es un primer modo, lo otro es que desde el sector oficialista se han mostrado en una suerte de negocio con las pandillas para controlar las actividades de la oposición.

Por su parte, Jean Michel Caroit, periodista Francés se refirió, “si hay una situación realmente muy preocupante, que la violencia ha ido aumentando en los últimos días, en las últimas semanas, las pandillas. Hay una verdadera guerra de pandillas en Puerto Príncipe. De hecho a mediados del mes de mayo unas 40 personas murieron, 15 resultaron heridas, decenas de casas destruidas por los enfrentamientos entre bandas que buscan controlar los barrios de Puerto Príncipe y esta semana paso otro hecho que quita la paz a los ciudadanos haitianos”.

Sostiene Caroit que alguna de esas pandillas eran grupos al servicio de políticos. “Inclusive hay un informe recién de la Universidad, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que establece claramente que hay vínculos entre la principal coalición de pandillas que se llama el G9 y el gobierno del presidente actual, Jovenel Moises”.

Los jefes de pandillas son personas que utilizan redes sociales, tienen su twitter, tienen su Facebook y a través de esas redes muestran su arcenal, hacen alarde de las armas modernas, armas que muchas veces son mucho más modernas que las que usa la policía, explica exembajador de Haití, Paraison a la periodista Odalis Castillo.

Según Jean Michael Caroit, se ha estimado en varios informes que hay hasta 150 pandillas en Haití y las principales están en la zona de Puerto Príncipe, lo que llaman la zona metropolitana.

Los entrevistados señalan que hay una figura que ha surgido, que se llama Jean Chaliche y que ha logrado montar con ayuda del sector oficialista una federación de bandas criminales. Además, en redes sociales como Tik Tok, uno de esos jefes de pandillas se llama Jimmy Servicie, tiene más de 50,000 seguidores y en Facebook es igual.

Está situación está provocando la desesperación de la sociedad haitiana y un ineludible éxodo de la población, donde más de 15,000 personas han tenido que abandonar sus hogares por la crisis o la violencia de esas pandillas, sobretodo en barrios muy populoso como son Mástizo en el sur de Puerto Príncipe, en XISTE Soley y en Beller, que es otro barrio donde hubo mucha y hay todavía mucha violencia, señaló el periodista francés.

En tanto que, el periodista Alexander Jusepe, asegura que la clase media y alta haitiana ha migrado a República Dominicana. “No es para buscar trabajo, andan con dinero en efectivo, han alquilado apartamento, es para salvar la vida de sus hijos de los bandidos”.

Comenta que otros destinos a los que estaban migrando los haitianos era Chile y Brasil, pero con la situación de la pandemia, han surgido muchas restricciones. Y muchos de los que se quedan en Haití, terminan desplazados. Esta situación muestra como más de 1,500 personas, incluso bebes, ancianos y embarazadas, pasan el día en el suelo del Centro Deportivo de Carrefour.

Algunos haitianos ya se han dado por vencidos de su fallida democracia y piden la intervención de Haití por Estados Unidos, otros requieren sólo la cooperación internacional.

Hay otros sectores que entienden que las intervenciones no han traído paz a Haití, y que hay que repensar la cooperación de la comunidad internacional hacia Haití, sin tener que afectar su democracia.

 

Brasil

Las imágenes del ejército y la policía operando a gran escala en las favelas son cada vez más frecuentes y viralizadas.

Brasil es uno de los países más violentos del continente sudamericano. Latinoamérica, a la vez, es una de las regiones más violentas del mundo y acapara casi 1 de cada 2 víctimas – en realidad el 42 %- de los homicidios a escala planetaria, según datos de las Naciones Unidas de 2019.

La violencia en Brasil, además de fenómeno social, se expresa con ciertas particularidades.

Manaos, centro económico del Amazonas brasileño, está sitiada por el Comando

Rojo después del asesinato de un importante jefe de la pandilla. Pero estos ataques pueden ser apenas un capítulo más en una guerra criminal que escaló a todo el territorio nacional.

El 7 de junio, la ciudad de Manaos soportó docenas de ataques en los que pandilleros, que se cree hacen parte del Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), arrojaron bombas de petróleo contra bancos, edificios gubernamentales, autobuses de servicio público y vehículos particulares. El gobierno ordenó el cierre de establecimientos educativos y el transporte público, y muchos negocios adoptaron precauciones similares.

La ira del Comando Rojo se desató después de que uno de sus líderes en la región del Amazonas, Erick Batista, alias “Dadinho”, fuera ultimado por la policía cerca de Manaos el 5 de junio.

La violencia fue “motivada por la muerte de un traficante conocido como Dadinho, e inteligencia demostró que la orden [para la oleada de violencia] vino de dentro de la prisión”, afirmó el secretario de seguridad pública del estado de Amazonas, Louismar Bonates, en una conferencia de prensa.

En Manaos es común ver escandalosos estallidos de violencia en las calles y en las prisiones, pues la ciudad es crucial para numerosas economías criminales, como el narcotráfico, la minería de oro y el contrabando, que se extienden a Brasil, Colombia y Venezuela.

En mayo, un operativo policial en la favela de Jacarezinho, controlada por el CV, en Río de Janeiro, dejó al menos 28 muertos. En ese momento, se planteó que el operativo fue una excusa para debilitar el dominio del CV en Jacarezinho y dar entrada a las milicias.

“Es difícil demostrar que el operativo se realizó de manera deliberada para favorecer a las milicias. Pero sí las favorece, y si en pocos meses Jacarezinho se convierte en territorio de las milicias, debemos recordar esta masacre como un paso importante”, así lo comentó Benjamin Lessing, experto sobre crimen organizado brasileño, de la Universidad de Chicago, en entrevista con InSight Crime.

El CV reemplazó brutalmente a la FDN como fuerza criminal dominante en Manaos a comienzos de 2020, luego de docenas de asesinatos en unas cuantas semanas en la ciudad.

La evidencia de la fuerte presencia miliciana en Manaos va en aumento. En 2020, varios efectivos de la policía militar fueron acusados de hacer parte de un grupo miliciano que brindaba protección a agricultores dedicados a la deforestación ilegal. También en abril de 2020, tres agentes de policía y un guardia penitenciario fueron puestos en custodia por su presunta pertenencia a un grupo miliciano que extorsionaba a los residentes del norte de Manaos.

El actual presidente afirmó en diversas ocasiones en su carrera política y en su campaña presidencial, que había que matar a los criminales, y relativizó prácticas como la tortura.

El Salvador

De acuerdo al medio internacional BBC Mundo, El Salvador lleva años viviendo entre pandilleros.

Estimaciones oficiales cifran en unos 60.000 los pandilleros activos en un país de apenas 6,8 millones de habitantes.

Tres son las pandillas hegemónicas: la Mara Salvatrucha, el Barrio 18-Sureños y el Barrio 18-Revolucionarios, aunque hay otras de menor arraigo, más el nada despreciable número de pandilleros retirados.

Mara Salvatrucha o MS-13, es la pandilla de mayor implantación en El Salvador. Sus orígenes hay que buscarlos en Los Ángeles (Estados Unidos) a finales de la década de los setenta. Los primeros placazos (grafitis) de la MS-13 en El Salvador datan de inicios de los noventa.

Tres décadas después, aquellas primeras semillas deportadas desde California son hoy una estructura criminal que mantiene en jaque a la sociedad salvadoreña.

De hecho, las indagaciones preliminares apuntan a que la Mara Salvatrucha es la única pandilla que está detrás del repunte brutal de la violencia iniciado el 24 de abril.

Un dato eficaz para calibrar el impacto de este grupo en la criminalidad: una de cada cuatro personas detenidas en 2019 por la Policía Nacional Civil fue catalogada como miembro de la MS-13.

Un total de 10.300 emeeses (MS) detenidos en un año, por 4.900 detenciones de integrantes de todas las demás pandillas sumadas

Cuánto ha influido en la reducción de homicidios en El Salvador el plan de seguridad por el que Bukele militarizó el Congreso.

Esta mara está fuertemente implantada en los 14 departamentos de la república, tanto en áreas urbanas como rurales.

Su tamaño, poderío y estructura es tal que, a inicios de 2017, un grupo de disidentes dio una especie de golpe de Estado interno.

La iniciativa resultó un fracaso y la facción naciente –bautizada MS-503– engloba nomás hoy a unas pocas docenas de exintegrantes de la MS-13.

Un apunte importante adicional: por esos 30 años transcurridos, la MS-13 de El Salvador muy poco tiene que ver ya con la MS-13 de Los Ángeles, ni tampoco con las sucursales homónimas que, con distintas intensidades, operan en Honduras, Guatemala o México.

Es más, incluso dentro de El Salvador, hablar de la MS-13 como una sola entidad homogénea no es muy preciso.

La pandilla está integrada por un crisol de programas y clicas con autonomía operativa y, aunque existe una especie de comandancia general, llamada la ranfla nacional, no siempre todas las clicas y programas reman en la misma dirección.

Ha habido, de hecho, sangrientas disputas internas entre emeeses.

Barrio 18-Sureños, es la pandilla salvadoreña una hija de la 18th Street Gang, que surgió a mediados del siglo pasado, también en Los Ángeles.

El Barrio 18 o la 18 –pero no Mara 18– tuvo a mediados de la década pasada un conflicto interno que partió la pandilla en dos mitades: la 18-Sureños y la 18 Revolucionarios.

“La sociedad de El Salvador está condenada a vivir con las pandillas por varias generaciones”

La partición se consumó en 2009, cuando la pandilla pidió a las autoridades penitenciarias que separara en cárceles o sectores distintos a los integrantes de cada facción, dada la imposibilidad de convivencia. Así se hizo.

Son las pandillas que en septiembre de 2009 asesinó al documentalista francoespañol Christian Poveda.

Y en la explosión de violencia homicida actual, son los que se han desmarcado con un comunicado grabado en video que incluso el propio presidente Nayib Bukele publicó en twitter.

La 18-Revolucionarios es la otra facción resultante de la ruptura del Barrio 18. En la práctica, son dos pandillas completamente distintas y enemistadas a muerte.

“Fueron asesinados brutalmente”: el informe en que el Estado de El Salvador reconoce por primera vez ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía

Su mayor implantación es en los departamentos de La Libertad y La Paz, y en las zonas norte centro y sur del área metropolitana capitalina, en municipios como Mejicanos, Apopa, Ayutuxtepeque, Nejapa y Ciudad Delgado.

También es la pandilla más y mejor implantada en la capital, San Salvador, lo que le da aún mayor proyección.

Son los responsables del atentado más sangriento jamás cometido por una pandilla en El Salvador.

El 20 de junio de 2010, en el municipio Mejicanos, una clica de la 18-Revolucionarios secuestró un microbús lleno de pasajeros, lo roció con gasolina, selló las entradas, prendió fuego y disparó contras quienes trataban de escapar por las ventanas: 17 muertos, la mayoría carbonizados.

Las pandillas La Mirada Locos 13 y Mao-Mao suman poco más de 300 miembros activos en las cárceles salvadoreñas, con un puñado de canchas [colonias o cantones controlados, en argot pandilleril] en distintas ciudades.

Numéricamente más relevante es el fenómeno de los retirados, aquellos pandilleros que han abandonado su pandilla (la MS-13 o las 18, en mayor medida) por algún problema interno.

No podrían considerarse aún una pandilla propiamente dicha, pero suman más de 3.000 integrantes en las cárceles. Incluso tienen asignado desde 2004 un centro penal exclusivo para ellos, el ubicado en la ciudad de Sonsonate.

Honduras

En los años noventa, la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18 surgieron en Honduras como pequeños grupos juveniles que imitaban el estilo de vida de las pandillas californianas, de Estados Unidos, pero tres décadas después, se han convertido en organizaciones con presencia nacional que se alimentan de la pobreza, la violencia y la exclusión social para reclutar y subsistir, convirtiéndose en poderes fácticos en sus comunidades, un obstáculo para el desarrollo económico y un problema de seguridad nacional, detalla la más reciente investigación realizada en el país al respecto.

Efectuada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la investigación sobre maras y pandillas en Honduras es la tercera de su índole en el país, y estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que recolectó información de fuentes diversas, oficiales, no oficiales, testimoniales, entre otras, para ser uno de los estudios más completos al respecto.

A esta se suman el grupo denominado “Los Benjamines”, “Los Vatos Locos”, “El combo que no se deja”, “Los Tercereños”, entre otros, que buscan disputar el control a la MS-13 y el Barrio 18.

En las maras y pandillas, por ejemplo, la filiación y el liderazgo se ganan por otros aspectos, como la capacidad de convencimiento y atracción, la antigüedad y los méritos, entendidos estos últimos como actos de violencia por medio de los cuales se gana prestigio y mayor jerarquía.

La maras y pandillas tienen en los barrios y colonias marginales su principal asidero, es el tejido social en donde mejor se desenvuelven y según el territorio que controlan, así ejercen la presión sobre sus comunidades, mismas que tienen que lidiar con su presencia para poder sobrevivir.

La relación de los vecinos con los pandilleros no es de convivencia, en la mayoría de los casos, la misma se limita solo al saludo, aseveran algunos de los consultados, así como a acatar las órdenes que puedan emanar de éstos.

Entre algunas reglas que deben seguir los pobladores se encuentra bajar los vidrios al entrar a un área específica de la colonia; tener que recoger a los familiares en puntos designados y acompañarlos, o, tener que identificarse o circular hasta horas permitidas, en el caso de empleados de “oenegés” o instituciones estatales.

En sectores como la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, la colonia Los Pinos y la Flor del Campo, en la capital hondureña, es prohibido por las pandillas formar patronatos. Los habitantes indican que el acatamiento de las reglas impuestas por los pandilleros dificulta el nivel de convivencia entre los vecinos, aumentando así los grados de desconfianza interpersonal.

Esta situación de sospecha continua ha limitado las interacciones sociales, algunos habitantes de las comunidades remembraban como antes se reunían por las noches en una esquina a platicar entre vecinos, pero ahora, prefieren no hacer celebraciones o festividades pues deben pedir permiso y algunos invitados de otro sector, no pueden “cruzar” para ir a esas reuniones porque vienen de un territorio controlado por otra pandilla.

En estas comunidades, muchas iglesias también se han visto obligadas a adaptarse a las reglas de las pandillas, en muchas ocasiones, haciendo de mediadoras.

Se estima que las maras o pandillas andan por alrededor de 15 mil miembros a nivel nacional, y en lo que va del 2015 al 2019, las fuerzas del orden han detenido a 2,257 miembros del Barrio 18 y 1,969 de la MS-13, para un total de 4,196 pandilleros.

La presencia de las maras y pandillas, según la investigación de la ASJ y el PNUD, está desplegada en las principales ciudades de Honduras y las regiones más pobladas, con mayores flujos migratorios y comunidades urbanas más marginadas.

En Tegucigalpa, la capital hondureña, los registros indican que la mayor presencia de la pandilla del Barrio 18 se encuentra en la zona sur de la capital y los mercados de Comayagüela, donde tienen presencia en 73 barrios y colonias. Por su parte, la MS-13 opera en unos 70 barrios y colonias y se concentra en la zona noroccidental y zonas periféricas.

Se cree que ambas maras pelean por el control de 12 barrios y colonias, señala la investigación. En el caso de San Pedro Sula, las maras y pandillas se concentran en el norte y oriente de la ciudad, con presencia en 69 barrios y colonias, incluyendo zonas como la Rivera Hernández que contiene varias colonias y vecindarios. La Pandilla Barrio 18 tiene presencia en 22 barrios y colonias, mientras que la MS-13 está en 58 barrios y colonias.

Colombia

En Cali se ha desatado una tormenta perfecta que llevaba décadas gestándose, ante la impasibilidad de las autoridades gubernamentales y locales. La ciudad se encuentra situada entre varias regiones que son un foco crítico del narcotráfico en Colombia, y que han sido un escenario importante del conflicto armado colombiano desde los años 60.Chocó, Nariño y Cauca han vivido décadas sumergidas en los combates y disputas entre el Ejército y grupos como las guerrillas de las FARC, el ELN, los paramilitares o grupos de narcotraficantes.

El conflicto desplazó a decenas de miles de personas de sus hogares, y muchos encontraron refugio en Cali, una ciudad que basa una parte importante de su economía en los ingenios azucareros. Los refugiados del conflicto crearon barrios de invasión, favelas, como Siloé, donde la miseria es rampante y las oportunidades son escasas.

La violencia, que se ha apaciguado en otras ciudades colombianas, ha continuado siendo elevada en los últimos años en Cali y en localidades cercanas, como Palmira, debido a su cercanía con las rutas del narcotráfico.

Los problemas se han incrementado en los últimos años. El vacío de poder dejado por las FARC tras el pacto de paz de 2016 ha provocado una lucha por el territorio entre distintas facciones guerrilleras, incluidos disidentes del proceso de paz y organizaciones narcoparamilitares, que han dejado más desplazados y decenas de atentados en regiones como el Cauca, que han provocado más tensiones y más desplazamientos forzados de familias a los asentamientos pobres de Cali.

También se ha notado en la capital vallecaucana el conflicto que se ha generado en el cercano puerto de Buenaventura, la salida de Colombia al Pacífico, donde actúan grupos armados de todo tipo, ante el estupor de sus habitantes, que denuncian la violencia que se vive en las calles y el abandono estatal, hasta el punto de haber realizado huelgas previas a estas protestas en reclamo de mejores condiciones de vida.

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