Por: Joel Suriel La jurista Claudia Álvarez Troncoso advirtió este miércoles que los legisladores dominicanos pudieran estar incurriendo en una violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo cuando venden las exoneraciones de vehículos importados que les corresponden como diputados y senadores.
La experta en prevención de lavado de activos indicó que hay tres precedentes que frecuentemente los congresistas violan cuando venden las exoneraciones de vehículos, en su mayoría automóviles de alta gama, a particulares.
Uno de los elementos citados por Álvarez Troncoso es que los diputados y senadores venden las exoneraciones de vehículos antes de los dos años establecido por la Ley 57-96, lo que se traduce en un fraude al Estado dominicano.
Otro elemento es que cometen prevaricación porque estarían abusando de su posición de legisladores para obtener beneficios y finalmente estarían incurriendo en evasión fiscal, cuando traspasan esas exoneraciones a familiares y conocidos.
“Ellos venden las exoneraciones sin ellos esperar el periodo de tiempo que establece la ley que son dos años, cuando ellos realizan estas operaciones estarían infrigiendo por lo menos tres leyes, una es que están cometiendo un fraude contra el Estado, el segundo es que están cometiendo prevaricación donde ellos están haciendo un abuso de su posición para obtener un beneficio y tercero la evasión fiscal. Estos tres delitos precedentes sindicados de lavado de activos de la ley 155-17, eso puede estar incurriendo en lavado de activos cuando cometen esos elementos que acabo de enunciar”, indicó la jurista.
Durante una entrevista en el programa El Día con Huchi Lora y Edith Febles, Claudia Álvarez Troncoso abogó por que se establezcan sanciones para los diputados y senadores que incurran en estas prácticas y disminuir así la venta de exoneraciones de vehículos de alta gama en el país.
Además, la experta en prevención del lavado de activos indicó que si se prueban los elementos violatorios en los que incurren los diputados, pudieran enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, aunque admitió que la inmunidad parlamentaria que poseen los legisladores es un escollo para una posible condena.
“Deberían establecerse sanciones administrativas, a nivel de conducta y ética, y ya las sanciones establecidas en el Código Penal si los elementos se llevan a probar de evasión fiscal, prevaricación y lavado de activos, que contemplan sanciones de 20 años de prisión. Pero para llegar ahí tenemos que entender que hay un elemento de inmunidad que tienen los legisladores”, señaló.
Ante las críticas suscitadas por un reportaje periodístico del Diario Libre que detalló los recursos que pierde el Estado dominicano a causa de las exoneraciones de los legisladores, varios diputados defendieron estas prácticas y acusaron a sectores empresariales de estar detrás de una campaña de descrédito hacia el Congreso Nacional.
Los diputados Aquilino Serrata, Tobías Crespo y Julito Fulcar indicaron que si se busca eliminar las exoneraciones de los legisladores, también hay que eliminar las exenciones fiscales que favorecen a las empresas.
Por las exoneraciones fiscales, el Estado dominicano ha dejado de percibir más de 2 mil 649.8 millones de pesos en los últimos 11 años, según datos de la Dirección General de Aduanas.
