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El PLD comienza ofensiva contra el Gobierno y dice investigaciones se tratan de “presiones políticas”

El PLD comienza ofensiva contra el Gobierno y dice investigaciones se tratan de “presiones políticas”

Por: Suanny Acosta.- En los últimos días, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha salido en defensa de su imagen, esto a raíz de las investigaciones, allanamientos y apresamientos que ha realizado el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la pasada gestión del expresidente Danilo Medina.

A causa de todos estos procesos judiciales, el PLD ha reiterado en diversas ocasiones que estas investigaciones se tratan de presiones políticas por parte del presidente Luis Abinader y que cada vez que el Gobierno comprueba la pérdida de respaldo a su gestión surge una ofensiva judicial contra la administración pasada.

En ese sentido, varios dirigentes de ese partido han mostrado su postura al respecto, tal es el caso del diputado Sócrates Mejía quien manifestó que respalda la lucha contra la corrupción que lleva a cabo el órgano judicial pero dijo que, en lo que se ha fijado es que esa “justicia independiente” se ha quedado en un solo lado.

“La justicia no debe mirar para un solo lado, que apliquen verdaderamente la justicia y que demuestren que realmente es independiente y que la población dominicana observe”, afirmó.

“Una cosa es lo que te quieren vender y otra cosa es la realidad, que miren ahí sí es verdad que la justicia es independiente”, el diputado de la circunscripción seis por la provincia de Santo Domingo se refirió en estos términos, por las destituciones de servidores públicos que ha realizado en los últimos meses el presidente Abinader, resaltando que “con destituirlo ya creen que basta”.

Aseguró que si son funcionarios de la gestión pasada, van presos con un aparataje grandísimo y, a la vez, recalcó que vienen más casos.

Mientras que, el diputado del PLD por la provincia La Vega, Edwin Mejía, calificó como acertada la decisión del Jefe de Estado de desvincular a funcionarios corruptos de sus funciones, pero en ese sentido, dijo que: “es preso que lo queremos, no desvinculado,  tenemos más de 30 casos en el país”, esto a causa de las reciente destitución de la exministra de la Juventud, Luz Del Alba Jiménez.

“Cuando yo vea a esos exfuncionarios con un cerco de militares y un casco protector llevándolo hasta la justicia entonces vamos a decir que verdaderamente tenemos un Ministerio Público independiente, de lo contrario es mentira, reiterando que el mandatario le ha pasado “paños tibios” a muchos casos de su Gobierno, que deberían estar presos, dijo.

De igual forma, el expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del PLD, Julio César Valentín Jiminián, dijo que su partido no puede jugarle “en contra” a la democracia, pero el Ministerio Público no debería utilizar la corrupción como instrumento para “aniquilar” partidos políticos.

Indicó que el órgano jurídico tiene el derecho de pedir auditorías a una institución determinada, sin embargo, sugirió que deberían otorgar un tiempo de reparo a las personas que han sido investigadas y a los titulares de dichas instituciones, pues si no se lleva esto a cabo, “se están violentando principios fundamentales de los procesos y la democracia”.

“El PLD como organización política tiene que comprometerse siempre con la institucionalidad, y todo lo que sea combatir la corrupción, si existen evidencias, si se resguardan los procesos, legales y constitucionales, como partido político no podemos jugarle en contra a la democracia, lo que no puede utilizarse es el instrumento del tema corrupción, primero para aniquilar partidos políticos”, expresó Valentín.

Dijo asimismo, que publicar los procesos de investigación en las plataformas digitales antes de llevarlo ante el Ministerio Público o a los individuos que fueron inspeccionados, es un camino “poco aconsejable” para la democracia.

Se recuerda que, el partido morado consideró que el Diálogo Nacional entre el Gobierno y los partidos políticos está empantanado y enchivado y lo catalogó como un método de entretenimiento por parte de la administración de Luis Abinader. El tema del Diálogo Nacional dominó la agenda de la reunión de este lunes del Comité Político de la organización opositora.

En ese sentido, Héctor Olivo, secretario de comunicaciones del PLD, citando a Temístocles Montás, indicó que existe “una judicialización de la gestión pasada”.

Charlie Mariotti, secretario general del PLD, consideró que los encuentros entre las autoridades y las fuerzas políticas no han sido más que un entretenimiento por parte del Gobierno, alegadamente para ocultar sus deficiencias en su forma de gobernar.

El presidente del PLD señaló, además, que lo que busca el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no es esclarecer si durante los mandatos del expresidente de la República Danilo Medina hubo irregularidades o no, sino realizar un juicio mediático que solo busca “perseguir y desacreditar” la gestión del exmandatario y actual presidente del PLD.

Al leer un comunicado, el dirigente político aseguró que las auditorías presentadas por la Cámara de Cuentas en los últimos días fueron publicadas de forma irregular, por lo que el PLD entiende que es una estrategia de la gestión de Abinader ante el supuesto deterioro de la imagen de su gobierno y la ausencia de políticas públicas.

Auditoria de Cámara de Cuentas

En los últimos días, la Cámara de Cuentas ha publicado una serie de informes relacionados con las investigaciones del caso Antipulpo, en el que figura como principal investigado Alexis Medina, también hermano de Danilo Medina y quien cumple coerción de año y medio en Najayo-Hombres.

La Cámara de Cuentas ha encontrado irregularidades en el Ministerio de Salud, en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y en la Empresa Distribuidora de Energía del Este (Edeeste).

En cuanto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), el organismo auditor encontró irregularidades en la compra de medicamentos, sin evidencia, de la formalización de contratos estimados en RD$260,597,167 y RD$49,619,273.

Según los resultados de la auditoria que realizó la Cámara de Cuentas al Fonper, en 8 años, esta institución pagó RD$17,817,777 a 18 empleados fijos y contratados que también devengaban salarios en otras instituciones del Estado, entre otros casos de corrupción.

La institución fiscalizadora tomó como referencia la base de datos del Ministerio de Administración Pública (MAP), con la que realizó un cruce de nóminas del Fonper y las certificaciones de validación emitidas por las entidades donde laboran estas 18 personas.

Mientras que, la investigación especial de la Cámara de Cuentas a los procesos de contratación de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) con siete empresas, entre ellas tres vinculadas a un hermano del expresidente Danilo Medina, revela irregularidades que sobrepasan los RD$3,700 millones.

MP tiene plazo de 15 días para presentar cargos caso Antipulpo

Se recuerda que, la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal,  otorga un plazo de 15 días al Ministerio Público para presentar acusación o declarar extinguida la acción penal en el expediente de la Operación Antipulpo, pero requiere que previamente se produzca una intimación por una de las partes.

El plazo comenzaría a correr a raíz de la intimación por ante un juez y que sean notificadas por las partes. El juez también puede proceder de oficio.

El Artículo 151, de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal y que se refiere a la Perentoriedad, establece que una vez vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días.

“Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal sin dilación alguna. En todo caso, el vencimiento de los plazos genera responsabilidad civil y personal por mal desempeño del fiscal apoderado de la causa. La resolución que intime al Ministerio Público deberá ser comunicada concomitantemente por el juez al Procurador General de la República”, indica.

Se recuerda que, el Gobierno de Abinader designó a Miriam Germán Brito como procuradora a los fines de que actúe con independencia en la persecución del delito. Junto a Germán Brito, están el director de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, y la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quienes investigan varios escándalos de corrupción que salpican de cerca el entorno familiar del expresidente Medina.

Apresamientos recientes

Recientemente fue apresado y pendiente de conocimiento de medida de coerción, su actual jefe de escoltas, el general Julio Camilo de los Santos Viola, quien también se desempeñó como subdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial.

Juan Camilo de los Santos Viola

Está acusado de estafa al Estado y asociación de malhechores en la denominada Operación Coral 5G, que incluye el también miembro de la seguridad, capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.

El general de los Santos Viola es el segundo jefe de seguridad del otro mandatario a enfrentar la Justicia, pues su antecesor, el general Adán Cáceres Silvestre purga una coerción de 18 meses de prisión preventiva por la Operación Coral, societario militar-religioso al que se atribuye estafar al Estado con miles de millones de pesos.

La exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Berlinesa Franco, es su comadre y es investigada por presuntas irregularidades en la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia.

Otra comadre es la exdirectora del Plan Social, Iris Guaba, citada por la Pepca para rendir cuentas sobre su declaración jurada de bienes y  sobre su desempeño en la entidad.

Iris Guaba, exdirectora del Plan Social de la Presidencia.

Simón Lizardo es investigado por el Ministerio Público  sobre sus declaraciones juradas de patrimonio, alegada asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.

Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, guarda prisión preventiva, como medida de coerción por su vinculación en Operación Anti Pulpo.

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