El barril sin fondo de los planes oficiales del transporte colectivo para eliminar el concho

Durante más de 50 años, diferentes gobiernos que han subido al poder han creado planes para el desarrollo del transporte en República Dominicana y así eliminar el caos que crean los llamados conchos de carros públicos, como se denomina a los vehículos que se usan para el transporte público de pasajeros.

Por décadas, el sistema del concho ha funcionado en el país, aunque es un tipo de transporte público genera caos e inseguridad, porque muchas veces, los carros están en malas condiciones.

El congresista Tobías Crespo consideró que el problema que se está creando cuando se sacan carrosa de una vía, como la Núñez de Cáceres, para dar paso autobuses de transporte colectivo, entonces los carros de concho, chatarras, se mueven a otro corredor y puso como ejemplo la calle San Martín.

HISTORIA SIN FIN DEL TRANSPORTE COLECTIVO. Conforme a un reportaje realizado por el programa Nuria Investigación Periodística, desde 1975 el entonces presidente Joaquín Balaguer creó la Corporación de Transporte Municipal, mediante la cual se pusieron en servicio los denominados autobuses Blu Bird y que luego evolucionó en Corporación de Transporte Colectivo, donde se adquirieron 94 autobuses que transitaban 7 rutas de las principales vías de la capital.

En 1979 se crea la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (ONATRATE), en donde se adquirieron 500 guaguas con el objetivo de eliminar los carros de concho, pero este plan también falló por la falta de continuidad al proyecto y denuncias de los supuestos actos de corrupción durante el gobierno de Jorge Blanco.

Unos años después, llegan al país las llamadas guaguas banderitas con la creación de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre –OTTT, con sólo 200 unidades que le costaron al país 8 millones de dólares, unas guaguas que había sido descontinuadas del servicio de transporte escolar en Estado Unidos, y que se agrega a la lista de fracasos del estado dominicano.

Sin embargo, el proyecto de mayor permanencia en materia de transporte es la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA creada en 1997), que a pesar de las incesantes denuncias de mal manejo, corrupción y desfalco en los diferentes gobiernos, ha permanecido hasta la actualidad y ha sido el alivio de la clase trabajadora, por la estabilidad del costo del pasaje.

En ese mismo año se creó también la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET, desde donde se implementó el famoso sistema de corredores con carriles exclusivos para los autobuses de la OMSA.

Con la llegada de Hipólito Mejía al poder (2000-2004) se instaura el Consejo Nacional de Transporte del Plan Renove, un proyecto de renovación de vehículos públicos que terminó en un caso de desfalco contra el Estado por más de 32 millones de dólares, en el que participaron los transportistas privados Antonio Marte, Alfredo Pulinario Linares alias Cambita, Gervasio de la Rosa y Blas Peralta, quienes se rebelaron contra la decisión del tribunal y amenazaron al Gobierno con provocar paralizaciones en el servicio de transporte público en diferentes puntos del país.

Y como complemento a todo esto, llega la última gran inversión del gobierno de Leonel Fernández con la creación de la OPRET en 2005, un organismo cuyo único propósito fue la construcción del Metro de Santo Domingo, que ha costado más de 72 mil millones de pesos y que beneficia más de 300 mil personas diariamente.

Ha sido la solución más certera, pero que no ha sido suficiente.

Cada nuevo experimento de un Gobierno le sale al país por miles de millones de pesos traducidos en grandes préstamos internacionales, ampliación de la deuda externa y el cuento de nunca acabar con el desorden de los sindicatos que al final terminan invadiendo nuevamente las rutas con las mismas guaguas y carros chatarras de siempre, circulando a la par de los nuevos planes de transporte.

“La apuesta debe ser a la colectivización y masificación del transporte y sacar una gran cantidad de vehículos chatarras, a través de un plan que se estableció en la ley por diez años, que es el plan de destino que la ley permite”, opinó ellegislador Crespo.

Ahora, el Gobierno de Abinader tiene su propia modalidad trabajo, amparado en la ley 63-17 creada por el mandato anterior de Danilo Medina y que no se pudo implementar en su totalidad.

Lo interesante de esta ley es la disolución de 10 organismos del estado y sus dependencias de las ya mencionadas como la OTTT, AMETRASSAN, FONDET, EL CART, DGTT, LA CAJA DE PENSIONES, ENTRE OTRAS y la reforma de instituciones como la OPRET y la OMSA las cuales según esta ley deben convertirse en empresas públicas o empresas público privadas y los sindicatos convertirse en empresas privadas.

Sin embargo, en este nuevo plan que está dando continuidad el gobierno de Luis Abinader se crean nuevas instituciones que tienen bastantes similitudes con las eliminadas por la nueva ley de transporte.

“Esas instituciones que no aportaban nada fueron eliminándose y se quedó una sola. Ahora en este gobierno se están creando más entelequias, yo me imagino que para cumplir con compromisos de campaña”,opinó Crespo.

Un ejemplo de esto es el “Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM)”, que tiene como finalidad como bien lo dice su nombre, desarrollar el transporte masivo del país, pero esta nueva “empresa” con características público privada, entra en conflicto con el INTRANT ya que, se supone que esta institución es actualmente la rectora y planificadora del sistema de movilidad a nivel nacional, bajo las atribuciones establecidas por la ley. De este fideicomiso se desprende la creación de la Oficina Coordinadora General de Proyectos y el “Fideicomiso de Movilidad y Transporte”  FIMOVIT, un fideicomiso adherente donde pueden participar las rmpresas choferiles para operar las rutas y los nuevos corredores de autobuses desarrollados por el FIMOVIT.

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción, Juan Hubieres, opinó que: “Es sobre un fideicomiso que nadie conoce y como se demostró con los fideicomisos profesionales de la policía que no llegó a conocerse. Pero. Punta Catalina son todos ilegales y se demostró que no hay fideicomiso para el sector público”.

Mientras que el director del Gabinete del Transporte, Hugo Beras, defiende la modalidad de los fideicomisos, porque estima aporta las soluciones.

“Los fideicomisos que se han venido creando son instrumentos, vamos a decir, financiero, administrativo, para puntualmente el desarrollo de proyectos como el proyecto del Monorriel de Santiago. son administrados por un fideicomiso a través de un préstamo bancario y que con el sistema de pago electrónico, el fideicomiso es el que hace como el desglose de esos ingresos”, indicó.

A continuación reportaje de Nuria Investigación Periodística titulado:

LOS SINDICATOS COMO EMPRESAS PRIVADAS: UN PASAJE A LA RELEGO DE LA OMSA