El Ministerio Público informó este lunes que apelará la decisión del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que declara no culpables a todos los acusados de recibir sobornos de la empresa brasileña Embraer para la adquisición de 8 aviones Super Tucano durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández.
Los fiscales José Miguel Marmolejos, Ernis Mella, Rosa Pichardo y Rosa Alba García dijeron que, acogiendo las garantías que otorga el estado de derecho, apelarán la decisión tomada por los jueces Arlin Ventura, Leticia Noboa y Milagros Ramírez.
La jueza Arlin Ventura descargó de toda responsabilidad penal al exministro de Defensa Rafael Peña Antonio, Daniel Aquino Méndez y al coronel Carlos Piccini Núñez, acusados de recibir más de 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de Embraer.
El Tribunal ordenó el cese de toda medida de coerción en contra de todos los implicados que se encuentran en libertad.
Asimismo fijo para el 12 de julio la lectura integra de la sentencia, día en que inicia a correr el plazo para proceder a recursos de apelación si lo requieren las partes.
Al presentar sus conclusiones formales el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Daniel Aquino Hernández, Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El órgano persecutor inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.
La empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
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