El imputado Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez Ferreras, solicitó a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocen el juicio de fondo, disponer su cambio de recinto carcelario.
El pedido fue hecho por el implicado a través de su abogado Plutarco Jaquez, quienes buscan que el tribunal disponga su traslado del Centro de Corrección y Rehabilitación de la cárcel de San Pedro de Macorís a la cárcel de Najayo, donde anteriormente estaba recluido.
Tras el pedimento, el ministerio público, representado en el tribunal por Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó a los jueces que no tenía conocimiento de tal pedimento. Otros fiscales son Pedro Frías, Rosa Ysabel, Wagner Cubilete, Elvira Rodríguez y Jonathan Pérez.
Empero, los jueces continuaron con el interrogatorio de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), quienes participaron en el levantamiento de la escena del crimen del profesional del derecho, que fueron ofrecidos como testigo por el ministerio público.
Se espera que en el transcurso de la audiencia el tribunal presidido por Clarivel Nivar Arias, Clara Soneida Castillo y Jissel Soto se pronuncien sobre el pedimento del cambio del recinto carcelario.
El tribunal además del asesinato de Yuniol Ramírez, también conoce y los presuntos actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), donde figura como principal implicado su ex director Manuel Rivas y el coronel Faustino Rosario Díaz.
Por la complicidad y asesinato de Yuniol Ramírez, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), son acusados además José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
El Ministerio Público ha destacado en el proceso que aportará pruebas testimoniales de 55 personas.
Ramírez Ferreras, fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
El crimen registrado en octubre de 2017 está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte.
Luego del hecho Argenis Contreras huyó del país hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General.
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