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Una empresa era la encargada de supervisar los lotes de construcciones de PGR bajo gestión Jean Alain

Los lotes de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario bajo la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez era manejado por una empresa llamada Kabul, de acuerdo a un interrogatorio realizado a un ingeniero que era parte del esquema en el entramado de Medusa.

Este ingeniero, de nombre Antón Casasnovas, fue asignado para supervisar los lotes que se asignaron a la empresa MAC Construcciones, propiedad de la familia del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.

El trabajo del ingeniero era chequear el informe y hacer que “estuviera presentable”, situación que al parecer no sucedió con MAC Construcciones, ya que a Jenny Marte (exencargada de Proyectos del Despacho de la Procuraduría y responsable del Plan de Humanización) no le gustó el informe que presentaron.

“Yo era supervisor para MAC, pero yo chequeaba el informe, que estuviera presentable, pero no lo elaboraba solo lo veía, para corrección y darle alguna forma, una especie de aprobación final. Por ese trabajo yo tenía un salario de 75 mil pesos que eran pagos mensuales, por un tiempo determinado”, dice el expediente.

Este testigo habría hecho trabajos de supervisión dentro del Plan de Humanización de la Procuraduría, por el que también recibió dinero extra, de acuerdo al expediente.

La noche del sábado, el Ministerio Público depositó formal acusación contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y decenas de imputados en el caso Medusa, por presunta corrupción administrativa durante la gestión del exfuncionario (2016-2020).

Un equipo de fiscales, encabezados por Luisa Liranzo, hizo la entrega formal del documento que avala la acusación contra Rodríguez, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde junio del año pasado.

El expediente del Caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el ex subdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.

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