Leidy Zorrilla.- Tras cinco recesos, desfiles de encartados, largas horas de audiencias y argumentos de defensas, fue este martes que la jueza Kenya Romero, impuso la medida de coerción a los 20 implicados en el Caso Calamar.
Operación que inició con varios allanamientos realizados el pasado 18 de marzo y continuó con un prolongado proceso judicial de varios días intermitentes y largas horas de audiencias recesadas, que hoy, al fin, tuvo el fallo del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional con la imposición de la medida de coerción a los encartados en este entramado de corrupción.
Solo a los imputados Donald Guerrero, exministro de Hacienda y José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia no le fue variada la medida de coerción y deberán cumplir lo solicitado por el Ministerio Público, la prisión preventiva de 18 meses a cumplir en Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres.
Además de la prisión preventiva se declaró el caso complejo, por su alto nivel de complejidad, de acuerdo al MP.
El Ministerio Público calificó este entramado como “la operación más grande de lavado de activos hasta la actualidad”.
De los 20 encartados 14 colaboraron con el Ministerio Público y a cambio les fue variada la medida de coerción a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Vinculados se le impuso arresto domiciliario, presentación periódica y garantía económica.
El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, deberá cumplir arresto domiciliario sin imposición de uso de grilletes, presentación periódica y el pago de 20 millones de pesos de garantía económica.
El encartado Ángel Lockward, quien también colaboró con la justicia, se le impuso, arresto domiciliario y el pago de una garantía económica de 7 millones de pesos.
La jueza dispuso para el implicado, Daniel Omar Caamaño, arresto domiciliario, presentación periódica y garantía económica de cuatro millones de pesos.
Para el encartado, Luis Miguel Piccirilo, se dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica de tres millones de pesos.
Asimismo para el acusado, Aldo Antonio Gerbasi, arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
En ese sentido, al implicado, Claudio Silver Peña, también le fue variada la prisión preventiva por arresto domiciliario y garantía económica.
En ese orden, el vinculado Oscar Chalas Guerrero, le fue variada la coerción a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
También para el encartado, Julián Omar Fernández, la variación de prisión preventiva para cumplir arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
Para el también acusado, Roberto Santiago Moquete, el tribunal impuso arresto domiciliario y garantía económica.
Asimismo para Agustín Mejía Ávila se le impuso arresto domiciliario y el pago de una garantía económica.
Emil Dávila Fernández arresto domiciliario y garantía económica.
A Marcial Reyes, arresto domiciliario y presentación periódica.
En ese orden a Alejandro Constanzo se le impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica de un millón de pesos.
En tanto que a la predicadora, Yahaira Brito Encarnación, se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Al encartado Ramón David Hernández, se le impuso arresto domiciliario y garantía económica de un millón de pesos.
Víctor Matías Encarnación también deberá cumplir arresto domiciliario y realizar el pago de garantía económica.
También, Rafael Parmenio Rodríguez, cumplirá arresto domiciliario y tendrá impedimento de salida del país.
En tanto que para la encartada Ana Linda Fernández, la jueza impuso la variación de medida de coerción hoy a las 3.00 de la tarde.
De acuerdo a la variación de la coerción también se le impuso arresto domiciliario con autorización para asistir a todos los procedimientos médicos informados por sus defensas en instancia deposita y los que puedan surgir notificar a la Procuraduría Especializada (PEPCA) .
La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, indicó que el tribunal rechazó todos los pedimentos de la barra de la defensa sobre libertad pura y simple, todos los incidentes de la barra de la defensa y aceptó que el caso es complejo y de la criminalidad organizada, al conocer la medida de coerción contra los encartados en la operación Calamar.
Reynoso aseguró que las pruebas que contenía la solicitud de medida de coerción “son más que suficiente para esta etapa”.
Resaltó que el tribunal corroboró lo que el MP dice de la seriedad y contundencia de la investigación.
En cuanto a la vinculación del legislador PRM, Sergio Moya “Goris”, en la Operación Calamar, dijo que el MP solicitará en las próximas horas la asignación de un juez de instrucción especial para que conozca la acusación contra el diputado.
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