Defensores públicos piden al gobierno y legisladores aumentar presupuesto asignado para el 2024

Entre la consigna ¡Dignidad salarial! defensores públicos se apostaron este viernes frente al Congreso Nacional y pidieron al gobierno y a los legisladores que se revise el proyecto de ley de presupuesto con el objetivo de una mayor partida para la defensa pública.

Los servidores públicos informaron que actualmente el presupuesto nacional se proyecta a 696 millones de pesos y aspiran mil cien millones de pesos, por lo que piden la atención del presidente de la República, Luis Abinader y los congresistas para que el proyecto de ley sea revisado.

Luis Espertin, defensor público, dijo que buscan dignidad salarial, por lo que piden un incremento de un 40%.

De su lado, el también servidor público Martín de la Cruz Mercedes, exigió equidad de sueldo, ya que entiende la diferencia es abismal con otros salarios de servidores de alto rango.

En tanto que, Ramón Gustavo de los Santos, sostuvo que de 10 casos que ingresan en el proceso penal, alrededor de ocho son llevados por servidores públicos.

Documento integro de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos ADDP

“Nuestro país año tras año viene registrando un crecimiento sostenido de la economía y un aumento significativo en la canasta familiar que amerita un reajuste en los ingresos de toda persona que desempeña una labor, el cual no se refleja en la calidad de vida de muchos de los servidores públicos que desempeñan diversas funciones en los órganos Estatales y los Defensores Públicos no somos la excepción”.

“La justicia penal en estos momentos descansa en este órgano Constitucional amparado en el artículo 176 de la Carta Magna, ya que llevamos sobre nuestros hombros más del 80% de los casos penales que entran al sistema de justicia, y a nuestros usuarios debemos asistirle en todas las etapas del procedimiento, desde el conocimiento de la medida de coerción, hasta la etapa de ejecución de la pena”.

“En la actualidad contamos con un presupuesto de RD$696.6MM, y el mismo resulta insuficiente, ya que no permite que los Defensores Públicos y el personal administrativo de la Oficina Nacional de Defensa Pública devenguen un salario conforme a la carga laboral y mucho menos que permita la adquisición de bienes y servicios conforme los tiempos actuales, lo cual es indigno e impide satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano en un plano de igualdad social (educación, vivienda, salud, transporte, etc.)”.

“Como parte del sistema tripartito que conforma el Poder Judicial, (Jueces, fiscales y Defensores), conforme a la Ley de Defensa Pública deberíamos percibir un salario equivalente a un juez de primera instancia, sin embargo hoy día devengamos un salario de un 50% inferior, y de desigualdad frente a los fiscales contratados, que devengan un salario mucho mayor que un defensor de carrera, a lo que se suma lo paupérrimo de los salarios de Secretarias/os y Paralegales, además de los Abogados Adscritos, que respecto de estos últimos, un Chofer de la Suprema Corte de Justicia devenga un salario mayor”.

“Para satisfacer nuestras demandas, la Dirección de la institución solicitó al Ejecutivo RD$400MM adicionales a los ya existentes, en cambio en el proyecto de ley de ingresos y gastos públicos enviado por el Poder Ejecutivo sin la debida partida presupuestaría a nuestra institución, lo cual resulta muy mínimo para lo que es la operatividad de la institución, así como para satisfacer la demanda de aumento salarial que desde hace más de 3 años llevamos clamando los Defensores Públicos y que no ha sido posible lograr porque el pírrico presupuesto con que cuenta la Oficina Nacional de Defensa Pública, apenas alcanza para garantizar mínimamente el acceso a la justicia a nuestros usuarios”.

“La Asociación Dominicana de Defensores Públicos apela a la sensatez de los legisladores integrantes de la Comisión que discute el proyecto de ley correspondiente al presupuesto nacional para el año 2024 a fin de que reconsideren la partida asignada a la Oficina Nacional de Defensa Publica, para que puedan ser mejoradas las condiciones de vida de los Defensores Públicos y todo su personal administrativo”.