La presencia del lobbismo o cabildeo internacional en varios megas casos de corrupción en la República Dominicana ha sido tema de debate, tanto en el sector judicial, como legisladores que estaban a favor y en contra de que imputados por estafas al Estado dominicano contraten personas que hagan estos servicios.
El referido tema volvió al tapete luego de que el procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, asegurara que el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado del caso Medusa, utilizó un lobbismo agresivo para lograr que una dependencia de la ONU calificara su prisión preventiva de abusiva y arbitraria.
En julio del presente año, fue controversial la contratación del lobista y exlegislador republicano Connie Mack por parte del exministro de Hacienda Donald Guerrero, quien es uno de los principales imputados en el caso Calamar.
La controversia que generó esa contratación llegó a tal punto, que el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, aseguró que el exfuncionario de los gobiernos de Danilo Medina contrató un lobista para atacar al presidente de la República, Luis Abinader, y a la procuradora general, Miriam Germán Brito, y desestabilizar el sistema judicial del país
A todo esto, el lobista Mack defendió el derecho del exministro de Hacienda Donald Guerrero a contratar sus servicios de asesoría para proteger sus intereses y “asegurar el cumplimiento del debido proceso” en el caso Calamar.
El lobbismo ejercido por Mack a favor de Guerrero parece haber dado sus frutos, pues semanas después de su contratación, el legislador Michael McCaul, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, expresó al Departamento de Estado su “preocupación” por el “uso excesivo” de la prisión preventiva en la República Dominicana.
Aunque el lobbismo o cabildeo es legal en la República Dominicana, no es una actividad que esté regulada. Hace varios años, el diputado Román de Jesús sometió un proyecto que busca regular las acciones dirigidas a influir sobre determinado sector de interés, ya sea de la administración pública o privada. Sin embargo, el mismo ha estado estancado en el Congreso Nacional.
El cabildeo se puede definir como el proceso planificado de comunicación de contenido por una empresa, grupo social u organización, frente a las entidades públicas, realzado directamente por ésta o a través de un tercero mediante contraprestación, que tiene como función intervenir sobre una decisión pública o promover una nueva.
El ejercicio del “lobby”, como es conocido en el anglosajón, es regulado en muchos países latinoamericanos (Perú, México, Colombia, Chile, entre otros), pero en República Dominicana no existe legislación al respecto.
