La Operación Nido fue desplegada el pasado 3 de enero, mediante la cual el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, con la participación de 170 policías y 28 fiscales donde fue arrestado el propietario de la empresa IndisArq, Emmanuel Rivera Ledesma, acusado de encabezar una estafa inmobiliaria.
Ocho días después, le dictaron 18 meses de prisión preventiva al cabecilla de la red, Emmanuel Rivera, a su hijo y a su hermana, así como al contable de la empresa, Juan Omar Rosario López. Mientras a la hija y esposa del propietario de IndisArq, al exvendedor y testigo le impusieron como medidas de coerción arresto domiciliario, grillete electrónico y garantía económica.
Entres las cosas interesantes de este caso está que de nueve proyectos que se han mencionado en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, solo en uno habían concretado el tema de la titularidad.
En algunos casos, ni siquiera tenían la propiedad del terreno. Incluso vendieron los mismos apartamentos a más de una persona.
En el expediente de 408 páginas de la Digepemp se establece el modus operandi con la supuesta adquisición de los solares para la construcción de los edificios.
¨Aquí hay familias que decidieron tener un techo y que en la actualidad perdieron su patrimonio¨¨, indicó Andrés Toribio, abogado de afectados.
En el primer trabajo realizado el pasado el 7 de octubre del 2023 el arquitecto Ángel Sosa Frías, director de Planeamiento Urbano Ayuntamiento Santo Domingo Este, manifestó que Emmanuel Rivera y las personas vinculadas no pasaron por la entidad y que estos empezaron a construir de manera ilegal.
El grupo de los 7 acusados es encabezado por Emmanuel Rivera Ledesma, quien en 2019 crea la estructura mediante la cual se vendieron más de 300 unidades de unos 9 proyectos residenciales y comerciales para los que no tenía permisos de construcción del Ministerio de Viviendas y Edificaciones ni del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, como mencionamos en nuestro primer reportaje sobre el tema, el 7 de octubre de 2023.
Ese es el caso de la adquisición de un terreno a la compañía Inversiones del Valle SRL, el 30 de marzo de 2021, valorado en 25 millones de dólares, pagando un inicial de separación de 100 mil dólares.
Emmanuel Rivera nunca más volvió a realizar un pago, terminando con la rescisión del contrato en julio de 2022, por lo que no tenían derecho de propiedad para realizar las supuestas construcciones. Pese a que los contratos se realizaron a través de la empresa IndisArq, se establecía que pagar a la cuenta bancaria de CRD Equipos Pesados, empresa de su hijo y de su esposa, debido a que arrastraba un historial delictivo desde el año 2008, por estafa, y esto le cerraba las puertas al sector financiero.
Un esquema familiar
También fueron incluidos en el expediente otra hija de Emmanuel Rivera, María Gabriela Rivera Pichardo, de 19 años de edad, quien según el expediente participó en la distracción de fondos ya que además de estar registrada en la Tesorería como empleada de CRD Equipos Pesados es la propietaria de un vehículo BMW 2020, color gris, así como una todoterreno Mercedes Benz 2021, los cuales fueron secuestrados en su casa.
La hermana de Emmanuel Rivera Ledesma, Mirna Catalina Rivera Ledesma, también es acusada. Junto a ellos, el contable Juan Omar Rosario López, quien instruía al abogado que redactaba los contratos y con conocimiento pleno emitía los recibos de pago de la misma unidad a distintas personas, así como el exvendedor, Reilin Arismendy Rosario García.
¨Nos sentimos burlados, porque ellos salen con una risita, es como una burla de parte de Emmanuel Ledesma y de Reylin, porque ellos están como que nada les ha pasado. Están muy confiados. Que se haga justicia no solo con el apresamiento sino con la devolución de los fondos que ellos nos quitaron¨, expresó uno de los afectados por IndisArq.
Sin embargo, el pasado miércoles, Emmanuel Rivera Ledesma, pasó de aquella actitud amenazante, prepotente y bravucona que mostraba a las víctimas como se oye en estas grabaciones a mostrarse sumiso ante el juez.
¨A mí no me interesa que nadie pierda un peso. Le pido disculpas, le pido perdón, porque nunca fue mi intención¨, dijo Emmanuel Rivera.
Mas de 8 millones de dólares
Los precios de los apartamentos oscilaban desde los 90 mil dólares equivalentes a 5.2 millones de pesos hasta 175 mil dólares (aproximadamente 10 millones de pesos).
Los estafados depositaron en transferencias financieras un total de ocho millones 372 mil 740 dólares, equivalentes a más de 485 millones 619 mil pesos. Pero, según los abogados, esta cifra que ya de por si es astronómica es mucho mayor ya que no incluye los aportes en efectivo.
¨En este proceso de este fraude inmobiliario se está hablando de una cantidad de 700 millones de pesos¨, dijo Jean Cristofer Pérez, abogado de afectados.
Según el expediente, de esta cuantiosa suma no queda prácticamente nada en las cuentas bancarias.
¨Colegas que viajaron a los Estados Unidos y pudieron constatar, que hay aperturas de cuenta a nombre de las compañías que están aquí constituidas y que se presume que hay una suma considerable de dinero en el exterior¨, indicó Andrés Toribio, abogado de los afectados.
Mientras su abogado, el doctor Félix Portes estableció que por sugerencia de él, ya pagó más de 600 mil dólares.
Gastos excesivos
La alta gerencia de la organización dilapidó los recursos para hacer gastos excesivos en productos financieros, restaurantes de lujo, vehículos de lujo, turismo, viajes nacionales e internacionales.
El propietario de IndisArq utilizaba tarjetas de crédito a nombre de su hijo, desde donde movilizó 77,479 dólares y más de 4 millones de pesos en gastos de viajes al exterior, restaurantes de lujo y compras de marcas reconocidas entre 2022 y 2023.
En otra tarjeta de crédito se movilizaron en el periodo 2021-2023 más de 2 millones de pesos y 12 mil dólares. Compraron el apartamento 6-A de la torre Liam Tower V, ubicada en la calle Eduardo Vicioso del sector Bella Vista por 280 mil dólares depositados en dos partidas de 100 mil y 180 mil dólares depositadas entre 2021 y 2023 y la residencia donde viven ubicada en Los Cacicazgos, adquirida el 12 de noviembre de 2021 por un millón 200 mil dólares, donde se incautaron joyas y reloj Rolex.
En el análisis de los movimientos financieros se determinó que el contable y acusado Omar Rosario fue beneficiado con más de 8 millones de pesos, el exvendedor Reilin Rosario y Emmanuel Rivera hijo con más de 4 millones de pesos cada uno.
Además, como mostramos en el reportaje presentado el pasado 7 de octubre, el hijo de Rivera Ledesma, de apenas 23 años, tiene registrado a su nombre unos 8 vehículos que van desde un mercedes Benz ML 300 2012, una yipeta BMW modelo X3 año 2019 hasta una yipeta Chevrolet Tahoe 2023.
El pasado 6 de enero se conoció la solicitud de medidas de coerción contra los 7 implicados.
La audiencia fue aplazada a los fines de conocer el expediente de más de 400 páginas. Entre las pruebas recogidas en la solicitud de medidas de coerción 161 testimonios, 172 pruebas documentales. 147 querellantes que han aumentado, luego que vieron el apresamiento.
¨Aproximadamente debe haber ya unos 300 querellantes¨, Andrés Toribio, abogado afectados IndisArq.
Medida de coerción
El jueves 11 de enero le dictaron 18 meses de prisión preventiva al cabecilla de la red, Emmanuel Rivera, a su hijo y a su hermana, así como al contable de la empresa. A la hija y esposa del propietario de IndisArq, al exvendedor y a un testigo, a quienes se le impusieron como medidas de coerción arresto domiciliario, grillete electrónico y garantía económica.
Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García.
En tanto, que a María Gabriela Rivera Pichardo y a Escarlet Mercedes Cruz Figueroa le fue impuesta la presentación de una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
En cuanto a Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo y Emmanuel Rivera, el juez estableció que tuvieron participación de primer orden en los hechos investigados por el Ministerio Público, “son pruebas demoledoras, lícitas, que están interconectadas con el accionar delictivo de los imputados para ocasionar el perjuicio a las víctimas”.
La calificación jurídica es violación a los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal, asociación de malhechores, testaferrato y a las leyes 155-17 de Lavado de Activos y 127-64 sobre cooperativismo.
Un “nido” es una estructura creada por las aves para proteger sus crías. Esperemos que el nombre con el que fue denominada esta operación sirva para fortalecer aún más el marco legal vigente de modo que se proteja más y mejor a las familias del riesgo de los muchos casos que hay, del cual este solo representa uno de los pinchones de un nido que ha estado cobijado bajo el manto de la impunidad, hasta ahora.