El Juzgado de la Instrucción de Samaná acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio en contra de dos hombres acusados de cometer un robo a mano armada, junto a otros dos, en una vivienda de Samaná, de donde sustrajeron 350 mil pesos, 900 dólares, una escopeta y varios aparatos electrónicos.
Los procesados Rokelvis Almánzar (Rokelis) y Orlando Tavárez Acosta (Orlandito) son acusados de cometer la acción delictiva junto a otros dos hombres identificados como el Malo y Alfredo (Nini), quienes se encuentran prófugos.
El Ministerio Público los acusó de incurrir en asociación de malhechores para cometer robo con violencia con rotura en casa habitada, utilizando armas de fuego y blanca.
El expediente señala que el hecho ocurrió en fecha 29 de enero de 2023, alrededor de las 9:05 de la noche, cuando los acusados, armado de pistolas y cuchillos, penetraron a la vivienda donde se encontraba una pareja de esposos junto a una hija de ambos menor de edad, cuyos nombres se omiten para proteger su integridad.
Al penetrar a la vivienda los acusados procedieron a esposar con las manos hacia atrás a una de las víctimas, un ciudadano francés, mientras sentaban a su lado a la esposa de este de nacionalidad dominicana, y a la niña hija de ambos, vociferándoles “que si no le entregaban el dinero y los objetos de valor que tenían en la casa los iban a matar”.
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El grupo, además, sustrajo de la vivienda tres teléfonos celulares, una tableta, un play station con dos controles, un lote con más de 50 videojuegos, auriculares inalámbricos, videoconsola de juego con cinco controles, un Xox, serie S, con un lote de 70 juegos; una consola de Nintendo, dos Nintendos con un lote de 25 juegos, una consola Xbox One X, un router wifi, así como dos cámaras GoPro, un lote de accesorios GoPro, un drone, una laptop, perfumes, lentes, tarjetas de crédito, un carnet de residencia temporal y una caja de cartuchos de escopeta.
Los acusados posteriormente fueron apresados con orden judicial, ocupándoseles parte de los objetos robados.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 379, 381 y 385 del Código Penal Dominicano, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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