Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Santiago declararon culpable y condenaron a 15 años de prisión a un hombre acusado de violar sexualmente a un menor de 13 desde que la víctima tenía 7 años de edad.
La condena se impuso contra Elvin Perdomo García, quien violó sexualmente a un primo, cuyo nombre se omite por razones legales, y a quien ofrecía juguetes y aparatos electrónicos a cambio de favores sexuales.
La acusación formulada por la Fiscalía, a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, establece que, habiendo sido negada su malsana petición, el acusado, ejerciendo la fuerza, violencia y amenazas, llevó a la víctima a una habitación de la residencia familiar, y lo violó sexualmente.
Los hechos sufridos fueron revelados por el menor de edad a su madre que, de inmediato, puso en conocimiento de las autoridades, el abuso.
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En su motivación sobre los hechos, la fiscal Jenniffer Rodríguez, en representación de la Fiscalía de Santiago, subrayó que el acusado se valía de su poder sobre la víctima por la fuerza que podía ejercer sobre él, tanto física como psicológica, lo abusaba desde la edad de 7 años.
El testimonio de la víctima, siempre coherente sobre lo ocurrido, fue corroborado por las evaluaciones, tanto a nivel sexológico como psicológico, que le fueron practicadas.
El tribunal, integrado por los magistrados Gladis de la Cruz, Juan Carlos Colón y Claribel Mateo, se acogió a la solicitud del órgano acusador, motivado en la fortaleza de la acusación y los innegables elementos probatorios que puso a disposición del juzgado.
La condena se impuso en atención a los cargos que formuló contra el procesado el órgano acusador, consistentes en violación al artículo 331 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que sancionan la violación sexual, incesto, abuso físico y psicológico.
La Fiscalía valoró la condena en el entendido de que el condenado representa una grave amenaza para la seguridad física, la integridad y el desarrollo psicosocial de la víctima y de otros niños, niñas y adolescentes de la comunidad.
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