La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en conjunto con la Fiscalía de La Vega, presentaron acusación formal contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez, miembros de red criminal de testaferros y prestanombres, que lideraba Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su esposa Rosa Amalia Pilarte López.
Los acusados, son cuñados de la diputada Pilarte López, quien enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En dicha acusación también figura la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, dicha empresa es tenedora de 20 inmuebles, entre los que se destaca la mansión actual donde reside Miguel Arturo López Florencio y su familia.
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La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están valorados RD$183,386,000.00 y cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa, respectivamente.
De igual manera, la información financiera arrojó movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019, tuvo entradas de dinero ascendentes a RD$250,712,602.65, para un total de RD$434,098,604.65.
El Ministerio Público identificó las conductas de los acusados en la violación a las disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García Martínez, procuradora fiscal titular de La Vega, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación, así como la relación entre cada uno de ellos.
Por su parte, el fiscal investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, estableció que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.
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