Pueden ser parte de la solución a la COVID-19, pero también crear problemas: las tecnologías para rastrear los contagios interfieren con el derecho a la privacidad, pero también pueden vulnerar la libertad de movimiento e incluso de religión, según alerta hoy la UE.
“El procesamiento de los datos personales en esas aplicaciones plantea relevantes cuestiones de derechos fundamentales, particularmente en lo que se refiere a privacidad y protección de datos”, resume la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea en un informe publicado hoy.
El texto, que amplía uno anterior sobre cómo las medidas contra la COVID afectan a las libertades de los ciudadanos, dedica un capítulo a las apps de rastreo de contactos que casi todos los socios de la UE usan.
ALMACENAMIENTO DE DATOS
Esas aplicaciones intercambian y almacenan datos entre usuarios de dispositivos móviles que han estado suficientemente cerca como para contagiarse y avisan luego si uno de los contactos es diagnosticado como positivo, para poder hacer un seguimiento de la posible cadena de infecciones.
Aunque la FRA reconoce la utilidad de esa tecnología, insiste en que su uso debe ser voluntario y los datos usados sólo para luchar contra la pandemia.
“En circunstancias excepcionales se pueden limitar los derechos. Pero nunca debemos olvidar los principios de necesidad y proporcionalidad y evitar la discriminación”, señala en el documento Michael O’Flaherty, director de la FRA.
El informe advierte de que, más allá de la vulneración de la privacidad, estas aplicaciones pueden afectar al derecho al libre movimiento, de asociación e incluso de religión.
“Identificar las relaciones de una persona con otros individuos o sitios podría revelar creencias religiosas o políticas, por ejemplo”, alerta esta agencia de la UE con sede en Viena.
La FRA advierte del problema que supone la falta de legislación específica, que ayudaría a respetar la protección de datos.
PONER LÍMITES
“Los Estados miembros deberían ser capaces de usar la tecnología para contener la pandemia. La pregunta es dónde y qué límites poner”, resume a Efe Alexandros Kargopoulos, uno de los autores del informe.
La Comisión Europea, por ejemplo, ha señalado una serie de criterios que estas aplicaciones deben cumplir, como que su uso sea voluntario, que sea eficaces, se basen en códigos abiertos, no usen geolocalización, empleen los datos de forma anónima y los borren una vez pasada la pandemia.
Kargopoulos añade que la principal preocupación que plantean estos sistemas es “la reutilización de las apps de rastreo de contactos y el uso de los datos recogidos para otros propósitos”.
Con todo, este experto de la FRA afirma que, aunque los Gobiernos están colaborando con empresas privadas, no hay evidencias de que se estén compartiendo datos por motivos distintos a la lucha contra la COVID-19.
Eso sí, destaca que cuando los Estados están implicado en el desarrollo de las aplicaciones, los estándares de protección de datos son mayores.
Por contra, considera que hay un peligro en la existencia de aplicaciones desarrolladas por operadores privados, que cualquiera puede descargar gratis, y que no han sido evaluadas.
Este experto también explica que en la mayoría de los países las aplicaciones funcionen con códigos abiertos, es decir que el software es modificable por los usuarios, algo que mejora la transparencia.
MEDICIÓN DE TEMPERATURA
La FRA recuerda también la existencia de otras tecnología que se usan contra la COVID y que causan preocupación, desde sistemas de geolocalización mediante móviles, el uso de drones para medir la distancia entre personas en espacios públicos o cámaras de control de la temperatura en la calle o en los lugares de trabajo.
La medición de la temperatura, por ejemplo, ha sido criticada por las agencias de protección de datos de España, Portugal, Holanda o Chipre.
La recopilación, e incluso publicación, de datos de personas infectadas o en cuarentena, o el uso de la información de operadores de telefonía móvil para rastrear los movimientos de la población, incluso de forma anónima, también preocupan a la FRA.
Fuente: EFE
