El expediente de la Procuraduría sobre el caso Medusa, establece que el último proceso de licitación de alimentos para las cárceles del país efectuado por la gestión de Jean Alain, involucraba a siete empresas que se habían apropiado del monto total de RD$ 684,646,328.19.
Para realizar la práctica fraudalenta se procedió a elaborar un acta de adjudicación falsa para sustentar la selección y la adjudicación de las empresas.
Estas empresas, que formaban parte del entramado criminal, eran: Inversiones Zwaziland, S.R.L., Distribuidores Ropi, SRL, Comercial Viaros, SRL, Divamor Group, SRL, Rogama, SRL, F & F Ezel Import, SRL y Ropalma, SRL
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Sobre la estafa
El expediente detalla que la estafa se consumaba mediante las maniobras fraudulentas de no entrega de alimentos, de la disminución de la calidad y la cantidad de los productos contratados para ser distribuidos a los distintos centros penitenciaros del país a través de las empresas Getrant del Caribe, SRL, Inversiones Zwaziland, SRL, La Parasata Mercantil, SRL, Herrajes Rachel, SRL, Distribuidora Ropi, SRL, Comercial Viaros, SRL, Rogama, SRL, F&F Ezel Import, SRL, Ropalma, SRL, y Divamor Group, SRL.
El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, prevaricó mientras fungía como Procurador General de la República para favorecer a las empresas señaladas con aproximadamente RD$ 1,667, 559, 889.00, de los fondos destinados para el suministro de insumos para la preparación de alimentos en los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país.
La asociación existente entre las empresas que resultaron ganadoras de las licitaciones antes referidas se constata además con las irregularidades presentes en los procesos de compras y contrataciones de la Procuraduría General de la República, admitido por el presidente del simulado Comité de Compra de la institución, el señor Víctor Manuel Lora Imbert, a través de los vínculos familiares y personales existente entre sus accionistas. Orbitando en un mismo grupo de personas que de forma reiterativa resultaron adjudicatarios de estos procesos, beneficiándose de millones de pesos en detrimento del Estado dominicano y de los privados de libertad.
