El director general de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Arriaza, informó el martes que ya han sido capturados 50.000 presuntos pandilleros desde que las autoridades del país iniciaran la denominada “guerra contra las pandillas”, a finales de marzo pasado.
“Podemos informar a la población salvadoreña que ya llegamos a los 50.000 registros de personas detenidas”, dijo Arriaza en la sede de la Asamblea Legislativa, donde participó, junto al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en la entrega de la petición para prorrogar el régimen de excepción que ha permitido esas capturas.
Villatoro añadió que, además de las capturas de los presuntos pandilleros, se han incautado más de un millón de dólares, 1.551 vehículos, 1.310 armas de fuego y 75.000 porciones de droga.
“Los resultados del régimen de excepción han sido contundentes, hemos impactado fuertemente a estas estructuras terroristas”, enfatizó el funcionario.
Desde la Casa Presidencial destacaron la noticia. “Nadie puede negar la transformación que estamos realizando en El Salvador. El régimen de excepción ha permitido intensificar la guerra contra pandillas y sacar de las calles a miles de terroristas que ya no atemorizan a los salvadoreños”, publicaron en Twitter, un mensaje que fue compartido por el mandatario, Nayib Bukele.
Extensión en la Asamblea
Pocas horas después de la entrega de la petición para extender el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa aprobó, por quinta vez, la medida.
La prórroga tuvo luz verde con 66 votos a favor y 12 en contra. Con ello, el régimen de excepción se extenderá 30 días más, contados a partir del 20 de agosto, informó el presidente del Parlamento, Ernesto Castro.
Aparte, las autoridades salvadoreñas continúan con la construcción de una gigantesca cárcel, en la que esperan albergar a al menos 40.000 reos, entre ellos los detenidos en la “guerra contra las pandillas”.
El pasado 21 de julio, Bukele señaló que la prisión, a la que nombró como “Centro de Confinamiento del terrorismo”, estaría lista en 60 días; es decir, para finales de septiembre.
Ahí, según el mandatario, los prisioneros “estarán incomunicados del mundo exterior”.
