La coordinadora de Participación Ciudadana, Nora Elizabeth Sánchez, consideró que los partidos políticos están en la obligación de reglamentar que se impida que dirigentes con asuntos pendientes en la Justicia puedan inscribir precandidaturas y candidaturas internas para aspirar a cargos de elección popular.
Sánchez indicó que el Partido Revolucionario Moderno y cualquier otra organización rechacen radicalmente, las aspiraciones de dirigentes cuestionados y que desean postularse para las elecciones del 2024.
Indicó que ante la debilidad de la ley de no impedir la aceptación de candidaturas de personas, al menos que no hayan sido juzgadas, corresponde a las organizaciones poner el ejemplo y rechazarlos, mediante mecanismos claramente establecidos.
“Le toca a los partidos políticos, aunque ley no se lo impida, el deber de crear la condiciones y reglamentaciones para frenar el que candidatos de esa naturaleza, puedan ir a la contienda electoral.
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Nosotros esperaos que en esta ocasión, sean sumamente cuidadosos con la transparencia, en el uso de los recursos de esas personas”, sostuvo la coordinadora de PC.
La reacción de Sánchez se produce a raíz de que N Digital publicara que diputados actuales y exfuncionarios separados del Gobierno e investigados por el Ministerio Público, se inscribieron como precandidatos al Congreso y los ayuntamientos por el PRM. No obstante, la entidad oficial aún no admite esas precandidaturas, pues está en proceso de depuración.
También el PRD le reservó la candidatura a diputado por Pedernales, al actual legislador Héctor Feliz Feliz, involucrado en el expediente de corrupción y lavado de activos, de la denominada Operación Falcón.
“Tenemos que presionar a los partidos y exigirles que todos sus candidatos tengan cuentas transparentes, seleccionado lo mejor de sus integrantes; donde hay personas honestas, muy serias”, dijo Sánchez.
Y continuó diciendo: “A eso es que tienen los partidos que aportar, para evitar seguir estando envueltos en situaciones de narcotráfico y de lavado de dinero”.
Sánchez es de opinión que las organizaciones políticas darían buena señal a los electores si rechazan las aspiraciones de personas cuestionadas y deciden llevar a los puestos de elección popular, a dirigentes transparentes de cada comunidad.
Estima que cada organización debe exigir a sus candidatos a la presidencia de la República, senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores distritales y vocales, una certificación de que no tienen asuntos pendientes con la Justicia, la procedencia de su dinero y de quienes aportan a sus proyectos.
“Hacer lo contrario sería muy negativo para los partidos y para la democracia y podría crearles crisis internas de moral, de credibilidad. No puedes exigir a otros lo que no puedes dar”, manifestó Sánchez.
