La coordinadora humanitaria de la ONU para Haití, Ulrika Richardson, finalizó hoy en Ginebra una gira europea para pedir a la comunidad internacional más asistencia al país caribeño, donde la violencia de bandas ha causado 8.000 muertos este año y los criminales controlan un 80 % de la capital Puerto Príncipe.
“Haití vive uno de los peores momentos de su historia reciente“, resumió la representante humanitaria de Naciones Unidas, quien también viajó esta semana a Berlín y Bruselas y ha advertido que sólo se han recibido un 33 % de los 720 millones de dólares pedidos a la comunidad internacional para asistir al país en 2023.
Richardson recordó en rueda de prensa en la sede europea de la ONU que 5,2 millones de haitianos, casi la mitad de la población nacional, necesitan asistencia humanitaria, incluidos 3 millones de niños, y que 4,35 millones sufren inseguridad alimentaria aguda.
La violencia de las bandas armadas, por otro lado, se ha extendido en los últimos meses a otras zonas del país, incluyendo los departamentos de Grande Anse y Artibonito, este último principal centro de producción agrícola del país, lo que aumenta los riesgos de hambruna para todo Haití.
“Mucha gente corre grandes riesgos sólo por salir de sus casas e intentar llevar una vida normal; se enfrentan al peligro de ser alcanzados en medio de un tiroteo, de ser secuestrados, linchados o violados”, subrayó Richardson, quien denunció el enorme número de mujeres y niñas que han sufrido abusos sexuales.
Un sondeo en uno de los barrios más deprimidos de Puerto Príncipe, Cité-Soleil, ha revelado que un 80 % de las mujeres y niñas en el lugar han sufrido violencia sexual y de género.
“He conocido niñas de 14 años embarazadas tras sufrir violaciones en grupo de miembros de bandas armadas”, denunció la coordinadora de la ONU, quien subrayó que la brutal situación del país “es resultado de años de corrupción e impunidad, unidos a la falta de inversión en oportunidades económicas”.
Despliegue militar
En octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el despliegue de una misión de seguridad para Haití, que según Richardson podría comenzar a operar en el primer trimestre de 2024, con aproximadamente unos 2.500 policías de Kenia, principal país que se ha ofrecido para participar en esta iniciativa.
La violencia en el país ha producido 200.000 desplazados internos, entre ellos 143.000 en la capital, y ha tenido graves efectos económicos (cuatro años consecutivos de recesión) y sociales, con un sistema sanitario al borde del colapso y las escuelas cerradas desde 2020, año en que las clases se suspendieron por la pandemia.
