Por: Arisleidy Santos.- El 2023 se vio marcado por los diferentes cambios y destituciones que el presidente Luis Abinader dispuso en el tren gubernamental, además de las solicitudes de licencias que realizaron muchos de sus funcionarios por diferentes escándalos que los sacudieron.
Removidos
Enero 2023 inició con el decreto 15-23 que disponía que Catalino Correa Hiciano, Néstor Julio Cruz Pichardo, José Leonel Cabrera fueran removidos de sus funciones.
En ese sentido, Correa Hiciano, excontralor de la República, ocupó el cargo de director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), siendo sustituido por Félix Antonio Santana García.
Néstor Julio Cruz Pichardo, fue promovido a cónsul general de RD en Panamá, anteriormente director de Pasaportes y José Leonel Cabrera, en su condición de ministro sin cartera, dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo.
Manuel Hipócrates Conde Cabrera fue removido a miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
Joel Santos fue designado ministro de la Presidencia, tras la renuncia de Macarulla. Ascendió de asesor del Poder Ejecutivo en materia de Turismo a ministro a despachar directamente con el jefe del Estado.
El director general de proyectos estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), Neney Cabrera fue sustituido por Roberto Ángel Salcedo. En la actualidad, Cabrera es ministro de Estado sin cartera.
Destituidos
El presidente Luis Abinader, también destituyó este año a varios funcionarios, algunos por razones que no fueron dadas a conocer y otros porque estuvieron salpicados en casos de supuestas irregularidades.
El año comenzó con la destitución de 12 funcionarios, en el ámbito consular, mediante el Decreto 739-22, entre ellos, Chernia Caridad Batista Pérez, nombrada en noviembre del 2020 como vicecónsul en Valencia, España; Alexander de Jesús Caba, José Luis Valera Pérez y José Antonio Santana Gálvez, vicecónsules en Barcelona, también nombrados en noviembre del 2020.
Juan Carlos Martínez Fernández, vicecónsul en Bogotá (Colombia), designado en noviembre del 2020; Marlen Echavarría Soto, vicecónsul en Marsella, Francia; Nataly Altagracia Salomón, vicecónsul en Nueva York, nombrada en diciembre del 2020; Abigair Rodríguez, auxiliar consular en Belladère y en Anse-á-Pitre, Haití.
En marzo, la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez, destituida y es investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por alegadas irregularidades en un proceso de compras de equipos electrónicos.
Además, en ese mismo mes, el Consejo del Poder Judicial destituyó al juez Juan Francisco Consoró, quien fue investigado por cometer presuntas irregularidades en sus funciones.
Consoró habría sido señalado por haber dado un auto de no ha lugar en favor de los implicados en el caso Los Tres Brazos.
En tanto que en el mes de noviembre, mediante el decreto 555-23, se estableció la destitución del director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYME), Porfirio Peralta, debido a cuestionamientos por presuntamente vender boletos a sus empleados para una rifa recaudadora de fondos en beneficio de un movimiento de apoyo a la reelección del mandatario.
También, a través del decreto número 554-23, el jefe de Estado dispuso la suspensión provisional, por un plazo de 60 días renovables, de la directora general del Acuario Nacional, la señora Wanda García.
García fue señalada por denuncias de irregularidades en esa institución estatal y que fueron expuestas en un reportaje realizado por el equipo N Investiga.
Solicitud de licencias
Funcionarios que se vieron envueltos en escándalos durante el año no se tardaron para pedir licencia de sus funciones al presidente Luis Abinader.
Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el del director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, quien solicitó una licencia, sin disfrute de sueldo, a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Y es que el pasado lunes 30 de octubre la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) dio a conocer la suspensión del contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore LATAM, S.R.L para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo para tales fines.
En junio del 2023, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres, pidió una licencia de su cargo, tras ser señalado en el expediente de la Operación Calamar, aunque más adelante no fue involucrado en el expediente.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) asegura que Torres habría recibido una determinada cantidad de dinero como honorario de servicios como abogado a unos clientes que fueron vinculados al caso.
En tanto que Ulises Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), informó que tomará licencia sin disfrute de sueldo, como director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) para concentrarse en su proyecto municipal.
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Cabe resaltar que en octubre pasado, el presidente de la República, Luis Abinader, cedió al titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, la facultad para otorgar licencias especiales sin disfrute de sueldo a los empleados públicos que sean candidatos a puestos de elección popular.
La información se obtuvo de acuerdo al decreto número 370-23 firmado el 15 de agosto, en el que se explica que el ministro del MAP podrá ejercer la competencia delegada exclusivamente para facilitar la aplicación de las medidas que la institución determine respecto a los funcionarios y servidores de la administración pública central bajo la dependencia del Poder Ejecutivo que se conviertan en candidatos a puestos de elección popular en las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024.
