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La Corte de Ecuador confirma condena de ocho años de prisión al expresidente Mahuad

Quito, EFE.- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador rechazó este miércoles un recurso de casación y confirmó la condena a ocho años de prisión contra el expresidente democristiano Jamil Mahuad, acusado de malversación durante la crisis financiera nacional de 1998 y 1999.

El tribunal declaró como improcedente el recurso de casación (anulación de la sentencia) interpuesto por Mahuad, «al no haber justificado, conforme a derecho, sus argumentaciones y sin que pueda evidenciarse algún error de derecho (en el fallo de segunda instancia en su contra) que pueda ser corregido».

Con esta decisión, el caso volverá al tribunal de segunda instancia para que ejecute la sentencia que condenó en 2017 a Mahuad a ocho años de prisión, y que fue el corolario de un proceso que inició en 2000.

El tribunal de casación que anunció hoy el fallo explicó que la ratificación fue tomada por la mayoría de sus tres integrantes, es decir por los magistrados Iván León y David Jacho, en tanto que el juez Wilman Terán emitió su «voto salvado», al no estar de acuerdo con sus otros dos colegas.

En 2014, una corte ecuatoriana condenó a Mahuad a quince años de prisión, pero en 2017 otro tribunal redujo su sentencia a ocho años, aunque no pudo arrestarle por encontrarse prófugo fuera del país.

El expresidente, que está radicado en Estados Unidos, gobernó Ecuador entre agosto de 1997 y enero de 2000, cuando fue derrocado del poder.

El exmandatario fue acusado de malversar fondos públicos y de haber llevado al país en 1999 a la peor crisis financiera de su historia, que incluyó la congelación de las cuentas en todo el sistema financiero nacional.

A finales de mayo de 2014, Mahuad, tras conocer la condena de primera instancia en su contra, remitió una carta a varios medios de comunicación de su país, en la que pidió «perdón» al pueblo ecuatoriano por las decisiones que tomó y por la crisis financiera que se desató en su administración, que le costó más de 8.000 millones de dólares al erario nacional.

Una treintena de entidades financieras fueron intervenidas por el Estado en aquella época, en la que incluso se registraron varios casos de suicidio por la congelación de los depósitos de los ahorradores.

Algunos banqueros, aquejados por malos manejos financieros y una enorme crisis de liquidez, entregaron sus entidades al Estado, y algunos de ellos huyeron del país para evadir la acción de la justicia.

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