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Ética dice somete a PGR a funcionario para fines de investigación; omite a quién y por qué

Milagros Ortiz Bosch. y PGR.

Santo Domingo. –  La Dirección de Investigación y Seguimientos de Denuncias de la Dirección General de Ética de Integridad Gubernamental (DIGEIG), dijo este miércoles que ha sometido ante la Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) a un servidor público de la presente gestión de gobierno, a los fines de inicie la investigación de hechos que riñen con la ley penal, sin informar a quién o el hecho que se le acusa.

Esta información es difundida un día después de que la propia DIGEIG, confirmara la denuncia realizada  a través de las redes sociales sobre la designación del ciudadano Maikel Lindel Sena Sierra, en tres (3) cargos de la administración pública.

Según comprobó el organismo, Sena Sierra estaba nombrado de manera simultánea en el Ministerio de Educación por un salario de RD$55,198.71, en el Ministerio de Salud Pública con RD$40,000.00, y en la Comisión Presidencial de Apoyo al desarrollo Provincial, por RD$35,000.00, de este último fue desvinculado en fecha 31/3/2021.

El organismo argumentó que en virtud de lo que establece la parte in-fine del artículo 290 del Código Procesal Penal, corresponde al Ministerio Público informar a los medios de comunicación: “aquellas actuaciones que, a juicio del Ministerio Público, no perjudiquen la investigación ni vulneren los derechos del imputado.”

Dijo además que con éste ya son 21 los casos remitidos ante la Procuraduría, que involucran tanto a funcionarios de la presente gestión, como de la gestión anterior que se encontraban en curso de investigación por esta institución.

Asimismo, reiteró que la DIEGIG sólo había remitido durante la gestión anterior un total de 4 denuncias ante el Ministerio Público.

La directora general de la DIGEIG doctora Milagros Ortiz Bosch dejó establecido que, una vez comprobada la comisión de los hechos, se debe aplicar la sanción correspondiente a todo aquel que viole las normas éticas y las leyes penales sin importar su vinculación política ni el cargo que ostente o haya ostentado en la función pública, respetando las normas del debido proceso.

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