La serie de reportajes que ha venido realizando el programa N Investiga con investigaciones de títulos falsos en medicina, esta vez llegó a extranjeros que residen en el país y también se dan a la tarea de falsificar títulos para atender a pacientes.
Se trata de Karla María Moya Boada, venezolana, quien junto a Ignacio Olivares González, figura en Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) como titular del consultorio Ki Centro Médico Integral del Caribe, ubicado en la avenida Independencia, registrado en febrero de 2011, con el objeto social de “servicios médicos estéticos, faciales y corporales”.
Este centro no posee registro mercantil y no está matriculado en la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, esto no es lo más grave. En su perfil de Instagram se identifica como “especialista en retiro de biopolímero facial, endolifting, armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde laser de rejuvenecimiento, estética intima, relleno de labios hasta aumento del punto G”. Otro de los servicios que presta es Laserlipólisis.
La presidenta Sociedad Medicina Estética, Nathalie Díaz Lazala, explicó que el procedimiento de la laser lipólisis es una liposucción asistida por láser y eso escapa de lo que realiza un médico estético, “porque de nuevo nosotros hacemos procedimientos mínimamente invasivos y ya estamos hablando de un procedimiento invasivo. Entonces, eso es un procedimiento que ofrecen los cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos”.
Es decir que laserlipólisis es otra forma de denominar a la liposucción sin que luzca tan agresiva. Una táctica muy similar a la utilizada por Pamela Stefani y Serena Stefani Congedo, propietarias de Stefani Stetic Center, quienes usaban el término “Hidrolipoclasia aspirativa” para referirse a las liposucciones y fueron acusadas en 2017 de realizar cirugías invasivas sin ningún tipo de conocimiento, lo que habría provocado serias secuelas físicas y mentales en decenas de mujeres, por lo que fueron sometidas a la justicia y cumplieron prisión preventiva hasta que en 2018 llegan a un acuerdo con las denunciantes.
En este caso que nos ocupa vemos como en sus redes sociales solo muestran el uso de la luz del láser, que es la primera etapa del proceso. Luego, sigue la introducción de la cánula. Según las imágenes de antes y después que muestra en sus redes sociales se evidencia la extracción de hasta más de mil mililitros de grasas.
En ese sentido, Díaz Lazala, explicó que ante un resultado dramático, se puede dar por seguro que ha habido una succión de grasa.
Para comprobar lo ante expuesto, el equipo de N Investiga envió una infiltrada, cuyo peso es de 175 libras, a consultarse con la supuesta doctora para los fines de una liposucción, y su respuesta fue la siguiente:
“Esto es un procedimiento láser ambulatorio, el cual utiliza esta punta de láser. Uso esta fibra láser cuando entra en contacto con el adipocito de la grasa, lo que hace es que emulsifica y licua para que salga suavecita. Posteriormente nosotros lo sacamos con una canulita chiquita, no son las cánulas grandes de liposucción, es una cánula delgada”. Todo esto quedó captado en una cámara oculta.
Independientemente del tamaño de las cánulas, estos procedimientos solo deben ser realizados por cirujanos plásticos.
Las leyes son muy claras sobre los requisitos para ejercer esta especialidad en el país: Debe ser egresado de medicina, un mínimo de dos años de formación en cirugía general y tres años de formación en cirugía plástica en una escuela nacional o extranjera que reconocida por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. En el caso de los extranjeros, deben homologar y revalidar sus títulos. Incluso cursar materias adicionales, en caso de que las autoridades lo consideren necesario.
En el caso de esta supuesta doctora, en las paredes de su consultorio exhibe un certificado de 2018 otorgado por una casa comercial que establece que la presunta profesional de la medicina completó un curso de técnicas de rejuvenecimiento facial cuyo marco curiosamente tapa el número de horas que duró la capacitación. También tiene colgado otro certificado del vigésimo Tercer Congreso de la Federación Ibero latinoamericana de Cirugía Plástica, realizado en Punta Cana, del 21 al 24 de septiembre de 2021, que la acredita como asistente a dicha actividad. Incluso en sus redes sociales tiene fotos de esta actividad.
¿Pero cuál es la garantía y la probidad que tienen dichos documentos?
La presidenta Sociedad Medicina Estética explicó que un diploma del mencionado congreso, no da aval de absolutamente nada. “Sobre todo porque en numerosas ocasiones no se solicita título o acreditación como profesional para participar en eventos internacionales, donde muchos compran el cupo a través de agencias de viajes y no lo hacen mediante las sociedades especializadas”.
Curiosamente tampoco está enmarcado en su consultorio un título que aparece en una foto donde se observa un certificado de postgrado de la Universidad Central de Venezuela en cirugía plástica reconstructiva.
Tampoco otro título al que el equipo de N Investiga tuvo acceso, que supuestamente la acredita también como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, de fecha 20 de julio de 2008, aunque, curiosamente, no figura en el libro de egresados de ese año publicado por esa academia. Incluso, esto lo confirma al nuestra infiltrada preguntarle sobre su formación.
“Yo soy médico venezolano. Hice mi posgrado allá y todo. En la Universidad Central”, dijo Karla María Moya a la infiltrada para realizar la investigación, a quien le recomendó una “la laserlipolisis” en abdomen, flacos, cintura y piernas, a un costo de 175 mil pesos, “en oferta”.
Además de los títulos, la licencia de habilitación de Salud Pública es otro documento ausente en las instalaciones.
Durante la visita de la infiltrada, se le preguntó dónde sería realizada la laserlipolisis la respuesta fue que tenía una sala de procedimiento pero que no podía verla.
Resulta que ell quirófano donde realiza los procedimientos no está habilitado por Salud Pública, ni siquiera para otros servicios más sencillos y menos invasivos.
Como si esto fuera poco, esta supuesta profesional tampoco está colegiada en el Colegio Médico Dominicano ni posee exequatur.
Tal vez esto y último explique el porqué en las recetas utiliza el sello de la doctora Yamile Genara Diplan Vásquez, cuyo exequatur es 256-16, cirujana general y laparocospista. Y por si fuera poco, también falsifica su firma.
La titular del exequatur fue contactada para saber si tenía conocimiento de esto, y se negó rotundamente. “No, no, claro que no. El exequatur es algo personal. O sea algo que le pase a alguien con mi exequatur, no, no. Yo tengo mi sello aquí conmigo”.
Dijo que la propietaria de Ki Centro Medico Integral del Caribe era su compañera de trabajo en otro centro. Así explica que haya tenido acceso a sus recetarios y sellos para poder ejercer la medicina.
Al ser sorprendida por la periodistas Nuria Piera, la supuesta doctora, Karla María Moya, dijo que estudió en Venezuela y que su título se encontraba en el Mesyct.
Al contactar al MESCYT, indicaron que ella depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales. Además, el logo del Ministerio de Educación Superior de Venezuela no era legible, entre otras anomalías que hacían dudar de la autenticidad de los documentos, por lo que solicitaron más requisitos, los cuales no presentó, y el proceso se quedo inactivo.
Esto evidencia que el MESCYT, ante cualquier solicitud de homologación o revalidación, debería hacer supervisiones junto a Salud Pública para evitar que dichas personas que no pueden demostrar su aval ejerzan una profesión, sobretodo cuando involucra la salud.
Pareciera que según los documentos presentados por N Investiga está más cerca de ser abogada que doctora o cirujana plástica. En un recurso de apelación de 2016 emitido por la Corte de Apelaciones Uno de Venezuela en el que se identifica a Karla María Moya Boada como abogada de uno de los imputados.
Entre conversaciones con la periodista Nuria Piera, Karla María Moya, no presentó ningún título, y finalmente se paró de su asiento y abandonó la entrevista.
Luego de la visita, ayer viernes, inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública acudieron al cerro y dispusieron su cierre por violación a la Ley General de Salud 42-01.
En resumen, si no pudo presentar al MESCYT sus títulos originales apostillados, con los sellos correspondientes, en cuatro años, no hay dudas de que al Plan Nacional de Verificaciones de Títulos se debe agregar un nuevo elemento: un enlace entre el Ministerio Publico, el MESCYT, Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano, para que, como en este caso que se detectaron irregularidades en un intento de homologar títulos, se investigue y se impida que presten servicios como médicos cuando no son doctores, ni cirujanos plásticos ni mucho menos cirujanos reconstructivos.
